Jimmy Morales llegó al ecuador de su mandato con la sombra de la corrupción

El 14 de enero de 2016, Jimmy Morales fue investido presidente de Guatemala en una jornada épica que pasará a la historia por encomendar al "ciudadano común" la misión de cambiar el país. Pero, dos años después, la sombra de la corrupción ha sobrevolado su gestión.

El último año de su Gobierno ha menoscabado su popularidad. Sus enfrentamientos con la fiscal general, Thelma Aldana, o el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el colombiano Iván Velásquez, fueron vistos como un retroceso en la lucha contra la corrupción.

A pesar de que durante su campaña repitió la consigna machacona de "Ni corrupto ni ladrón", un lema que convenció a una ciudadanía hastiada de esta lacra, 2017 fue un año polémico y complicado para el mandatario. Un hecho que hasta él mismo admitió este domingo, cuando presentó su segundo informe de Gobierno.

Convencido de que la transparencia ha sido uno de los pilares de su gestión, el presidente defendió los pasos dados por su equipo para lograr una mejor gestión del gasto público y recordó que el país salió de la lista negra de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Esto, junto con la subida de dos categorías ante el foro global de ese ente, se debe a ser un "país pionero" a nivel internacional en las acciones emprendidas a favor de la "probidad, transparencia y la lucha contra la corrupción".

Pero esta opinión no la comparte buena parte de la sociedad, que volvió a recriminarle lo que consideran una gestión nefasta y opaca, sobre todo después de la captura e imputación en enero del año pasado de su hermano Sammy y su hijo José Manuel por un caso de fraude al Estado en 2013.

Acostumbrado a los focos, las cámaras y los micrófonos por su profesión de comediante, Morales se ocultó, dejó la primera plana a los miembros de su Gabinete y evitó responder a las preguntas de los periodistas.

En estos 365 días hubo otros hechos que marcaron su segundo año de mandato, como el incendio que cobró la vida de 41 niñas en una casa-hogar estatal, el sobresueldo que cobró del Ejército durante más de 9 meses, la apertura a juicio contra su hijo y su hermano, la acusación de financiación electoral ilícita o la declaración de non grato contra el jefe de la Cicig.

Morales no los mencionó en su informe del domingo pasado, pero sí destacó durante más de 40 minutos los "avances" de su Gobierno, como la reducción de la criminalidad -con una tasa de homicidios de 26,1 por cada 100.000 habitantes-, la incautación de casi 14 toneladas de cocaína, los 183 días lectivos de clase, la recuperación de más de 3.000 kilómetros de carreteras, el abastecimiento hospitalario y un crecimiento económico del 2,9 %.

También mencionó la unión aduanera alcanzada con Honduras, "histórica en América", que espera que se logre este año con El Salvador, así como la contención de la inflación, el tipo de cambio nominal estable o la cifra récord de más de 2,5 millones de turistas durante 2017.

Aun así, centenares de personas y una parte de los campesinos organizados le pidieron su renuncia y en un comunicado los agricultores le recordaron que la situación sigue "igual", que más de 4 millones de personas no tienen agua potable, el 73 % está sin cobertura médica y la pobreza afecta al 62 % de la población.

Además, la mitad de los guatemaltecos no come tres veces al día, 2.000 menores mueren de diarrea al año por la contaminación del agua y más del 20 % de los hogares no tienen electricidad.

Frente a estas críticas, Jimmy Morales tiene otros dos años de mandato para cumplir con el deseo de una gran parte de la población: rescatar al país de la corrupción y la violencia; del racismo y la discriminación; del fraude y la extorsión; de la pobreza y de la desigualdad, para reconstruirlo sobre unos cimientos de paz, meritocracia y transparencia.

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