Gobierno paraguayo auditará petrolera estatal ante posibles irregularidades

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, anunció hoy que su Gobierno realizará una auditoría a la petrolera estatal Petropar, tanto de sus dos meses de gestión, como de la etapa del anterior Ejecutivo de Horacio Cartes, ante las presuntas irregularidades denunciadas por algunos medios.

En una rueda de prensa posterior a la inauguración de una fábrica en la localidad de Luque (Gran Asunción), Abdo Benítez, explicó que la auditoría analizará "todos los hechos que consideramos que tienen que ser investigados" en la gestión de la petrolera bajo ambos gobiernos.

Añadió que la auditoría, que será liderada por un concejal oficialista, se realizará a través de una "comisión interinstitucional", en la que participarán las autoridades anticorrupción y el Ministerio de Hacienda.

Las presuntas irregularidades, denunciadas por medios de comunicación afines al expresidente Cartes, aluden a una transferencia de 43 millones de dólares de la petrolera, desde la entidad pública Banco Nacional de Fomento (BNF) en que estaban depositados, a bancos privados.

Dicho movimiento financiero, confirmado por la presidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar), Patricia Samudio, contraviene una orden del Ejecutivo por la cual todas las instituciones públicas están obligadas a depositar sus recursos en la banca pública.

El mandatario aseguró que no hará "oídos sordos" ante las denuncias, pero dudó sobre la veracidad de esas informaciones y argumentó que "cuando los ataques vienen de los medios de Cartes nosotros tenemos desconfianza".

"Hay que pensar que cuando Cartes te ataca, a lo mejor significa que uno va por el camino correcto", añadió.

Por su parte, Samudio negó en una radio local cualquier irregularidad bajo su gestión, y aseguró que la transferencia se llevó a cabo antes de que ella tuviera acceso a los registros de las firmas bancarias.

Asimismo, Samudio presentó la semana pasada dos denuncias contra la administración anterior y empresas distribuidoras, por un supuesto daño patrimonial al Estado de más de 500.000 dólares, por la presunta compra de combustible con un "contrato internacional viejo" que establecía la transacción a "un precio mucho más caro".

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