Gobierno de Nicaragua y alianza opositora aprueban hoja de ruta de 9 puntos

El Gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia aprobaron hoy una hoja de ruta de nueve puntos en el inicio de una nueva mesa de negociaciones con la que se busca una salida pacífica a la crisis sociopolítica que vive el país.

El nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, quien junto al cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes actúa como testigo de las negociaciones, explicó a los periodistas que en la primera sesión se trabajó en la aprobación de la hoja de ruta, "que constituye la normativa del funcionamiento de la negociación".

"De la propuesta inicial de 12 puntos, se logró la aprobación de nueve", dijo el religioso, sin precisar más ni aceptar preguntas de los medios.

Miembros del equipo negociador de la Alianza Cívica dijeron a los periodistas que durante la jornada de hoy definirían la agenda y la metodología de trabajo, además de analizar propuestas de quienes pueden actuar como facilitadores y como garantes.

Asimismo, el nuncio afirmó que las partes acordaron celebrar una segunda sesión el día de mañana, jueves.

En Nicaragua se constituyó este miércoles una nueva mesa de negociaciones para superar de forma pacífica la crisis sociopolítica que vive el país desde abril, sin la participación del presidente Ortega ni de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, como sí ocurrió en un primer intento fallido de diálogo en mayo pasado.

Durante la jornada, el nuncio apostólico transmitió un saludo y la oración del papa Francisco a la apertura de las negociaciones y su deseo para que se resuelva la crisis nicaragüense con responsabilidad y por el bien de todos.

Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció desde Washington que el organismo podría actuar como garante del diálogo en Nicaragua, donde considera que es posible alcanzar una "solución nicaragüense" a la crisis que ha dejado cientos de muertos y de detenidos.

El Consejo Permanente de la OEA ha comenzado a aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, lo que podría culminar con su suspensión del organismo continental.

Durante la instalación de la mesa de negociaciones, la Alianza Cívica reafirmó que exigirá la liberación de los detenidos por protestar contra el Gobierno y el restablecimiento de las libertades, derechos y garantías previstos en la Constitución Política.

También unas reformas electorales que garanticen unas elecciones justas, libres y transparentes, y justicia para las víctimas de las violentas protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018.

La delegación del Gobierno es encabezada por el canciller Denis Moncada, los diputados oficialistas Edwin Castro, José Figueroa y Wilfredo Navarro, el magistrado judicial Francisco Rosales y el dirigente estudiantil Luis Andino.

La delegación de la Alianza Cívica la dirige el académico y antiguo embajador en Estados Unidos Carlos Tünnermann, y también la integran los presidentes de las dos principales patronales de Nicaragua, José Adán Aguerri y Mario Arana.

Además, el director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), Juan Sebastián Chamorro; el político opositor y exvicecanciller José Pallais, y el líder estudiantil Max Jérez.

Las negociaciones se desarrollan a puerta cerrada en la sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), en el sur de Managua, la capital.

Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos locales humanitarios elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

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