Estudiantes de universidad de Nicaragua piden cese de la represión y justicia

Cientos de estudiantes de la estatal Universidad Nacional Agraria (UNA), en Managua, protestaron hoy frente a sus instalaciones para exigir el cese de la represión, la dimisión del presidente Daniel Ortega y justicia por los al menos 47 muertos durante las manifestaciones iniciadas hace 20 días.

Los universitarios, que se cubrían sus cabezas y rostros parcial o totalmente con una prenda de vestir, gritaban enérgicamente en la carretera que sirve como entrada y salida principal de Managua: "No somos delincuentes, somos estudiantes".

La UNA, situada a menos de un kilómetro al norte del aeropuerto internacional "Augusto C. Sandino", fue cercada con barricadas y custodiada por los jóvenes que también daban vía libre a los vehículos que circulaban por el lugar.

Mostrando banderas de Nicaragua, carteles en rechazo al actual sistema de Gobierno o lanzando artefactos artesanales al aire, los universitarios expresaban sus protestas a la población.

Además de la UNA, también estudiantes de otras universidad de Managua y otros departamentos se sumaron a las protestas pacíficas que se mantendrán hasta que el Gobierno deje de reprimirlos o haya cambios en su sistema, aseguraron sus dirigentes.

La estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), la mayor del país, suspendió hoy las clases en todas sus sedes debido a la crisis local.

Nicaragua atraviesa una crisis que hoy cumple 20 días tras las multitudinarias manifestaciones a favor y en contra del presidente Ortega, que comenzaron para rechazar la reforma de la seguridad social y continuaron a pesar de que el mandatario revocó su decisión.

Desde que comenzaron las manifestaciones los enfrentamientos violentos han causado al menos 47 muertos, la mayoría entre el 18 y el 22 de abril pasado, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), mientras que otras organizaciones humanitarias elevaron a 63 el número de los fallecidos.

Nicaragua está pendiente del comienzo del diálogo que protagonizarán el Gobierno y el sector privado, con la Conferencia Episcopal (CEN) como mediadora, aunque todavía no se ha establecido una fecha para su celebración.

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