Damnificados de OGC esperan que Ecuador les ayude a recuperar sus propiedades

Los ciudadanos ecuatorianos afectados por el cierre repentino de la empresa de envíos OGC, el pasado día 7, quieren que el Gobierno de su país les ayude a recuperar sus propiedades y que sean enjuiciados los responsables de la firma que -dicen- ha estafado a miles de personas en España y en otros países de Europa.

Así lo ha manifestado hoy el presidente de la asociación hispano-ecuatoriana Rumiñahui, Vladimir Paspuel, quien ha explicado que muchos de los afectados son ecuatorianos que decidieron acogerse a programas de repatriación voluntaria y que enviaron a través de OGC los enseres de sus viviendas.

La empresa de paquetería OGC, con sede en Madrid, cerró sus oficinas el 7 de marzo y dejó unos 5.000 ecuatorianos afectados en España, muchos de los cuales desconocen el paradero de sus envíos y si los recuperarán.

Según Paspuel, a fecha de hoy hay alrededor de medio centenar de contenedores en el puerto ecuatoriano de Guayaquil y otros en una bodega de la localidad madrileña de Villaverde, con paquetería que fue aceptada por OGC para ser enviada a Ecuador entre enero y febrero pasados.

El presidente de Rumiñahui asegura que los afectados quieren que les sean devueltas sus propiedades y que sean enjuiciados los responsables, de los cuales no se sabe nada todavía.

Una de las afectadas, Jaqueline Alfaro, que confía en la promesa hecha por la embajada de poner un grupo de abogados a disposición de los afectados, ha explicado a Efe que pagó a OGC un total de 2.700 euros por varios envíos de ropa, zapatos y cosas de casa nuevas y usadas, aunque la empresa lo declaraba todo como usado.

Otro de los afectados, miembro del Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos, Manuel Macías, ha recordado que la Embajada se ha comprometido a contratar un bufete de abogados, aunque ha precisado que muchos de los afectados "desconfían de todo el mundo".

El pasado día 9, un grupo de damnificados se reunió en Madrid con el embajador ecuatoriano en España, Miguel Calahorrano, y con la representante de la Defensoría del Pueblo de su país, Míriam Ramírez, para exponer su caso y plantear posibles soluciones a través de la creación de plataformas y la apertura de un posible procedimiento judicial.

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