Cristina Fernández, procesada por corrupción

Un juez acusa a la expresidenta argentina de asociación ilícita para apoderarse de los fondos asignadosa contratos de obra pública hasta 2015

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Por primera vez la expresidenta de Argentina Cristina Fernández fue procesada ayer en una causa por corrupción. Inmersa en cuatro investigaciones judiciales, la exmandataria fue encausada esta vez por integrar una presunta asociación ilícita creada para desviar contratos de las obras públicas de la provincia de Santa Cruz hacia la empresa de Lázaro Báez, un amigo de su marido el fallecido expresidente Néstor Kirchner.

Cristina Fernández había sido citada a declarar en esta causa el pasado mes de octubre y pidió entonces la nulidad de la investigación. «Es una maniobra formidable de persecución política y hostigamiento», dijo, y comparó la ofensiva judicial en su contra con la que sufre su colega brasileño, el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva. En Argentina, la figura penal de asociación ilícita es muy controvertida cuando se aplica a un gobierno, pues prevé penas de prisión de entre tres y diez años.

La expresidenta sostuvo que el proceso se basa en una denuncia realizada este año por el director de Vialidad Nacional, designado por el actual presidente, Mauricio Macri. Cristina aseguró que las obras realizadas fueron supervisadas y aprobadas por la Auditoría General de la Nación y por el Congreso Nacional. Señaló además que son los jefes de Gabinete los responsables de ejecutar y administrar el presupuesto y ninguno de ellos fue citado en la causa.

No obstante, el juez federal Julián Ercolini consideró ayer que existen indicios suficientes como para acusar a Fernández de mantener hasta 2015 una asociación criminal montada por su esposo en 2003. Mediante ese supuesto «plan delictivo», el matrimonio y otros funcionarios, según el escrito del juez, «formaron parte de una asociación destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de manera deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en Santa Cruz».

Ercolini también acusó a Cristina por «administración fraudulenta» como «responsable política de la administración general del país» y le impuso un embargo de 10.000 millones de pesos (unos 615 millones de euros).

En el mismo expediente procesó al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, al exsecretario de Obras Públicas José López y a una decena de exfuncionarios nacionales y provinciales de menor rango. López había sido detenido este año cuando intentaba arrojar bolsas con dinero por encima del muro de un convento. Asimismo fue procesado el empresario Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones y presunto beneficiario de los contratos para construir caminos en Santa Cruz. Báez está preso desde abril por presunto lavado de dinero.

Causas pendientes

Desde que dejó el poder en diciembre de 2015, Fernández es blanco de diversas investigaciones. En una de ellas la llamada causa por el 'dólar futuro', fue procesada, aunque por presuntas irregularidades en la venta de futuros de dólar por parte del Banco Central durante su gestión, de modo que el procesamiento anunciado ayer es el primero por una causa propiamente relacionada con delitos considerados de corrupción. En el caso del 'dólar futuro', la denuncia de los miembros del actual gobierno hacía responsable a la expresidenta de operaciones de venta de dólares desde el Banco Central en 2015. Poco después, Mauricio Macri asumió el poder y devaluó la moneda, lo que provocó una pérdida a la autoridad monetaria.

Los jueces también investigan las empresas Hotesur y Los Sauces, por sospechas de lavado de dinero, y la presunta relación de la exmandataria con un delito de encubrimiento a Irán en el atentado a la mutual judía AMIA de Buenos Aires cometido en 1994.

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