"Clínicas de deshomosexualización", un fenómeno conocido e impune en Ecuador

Las "clínicas de deshomosexualización" son una realidad conocida e impune en Ecuador, un fenómeno solapado tanto por los responsables de estos centros como las autoridades, pese a las denuncias de ONG ante organismos internacionales acerca de una total impunidad sobre la materia.

Torturas físicas y psicológicas, humillaciones, mala alimentación, privación de sueño, descargas eléctricas y "violaciones correctivas" son prácticas que se llevan a cabo en esos centros, repartidos por todo el país y donde internan a la fuerza a jóvenes para "corregir" su orientación sexual, según las denuncias.

En enero del año pasado, el Comité contra la Tortura de la ONU expresó su preocupación "por las denuncias de internamiento forzoso y malos tratos a personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en centros privados en los que se practican las llamadas 'terapias de reorientación sexual o deshomosexualización".

El Comité observó que ninguno de los procesos iniciados por la Fiscalía ecuatoriana "ha concluido en condena".

En Ecuador se han elaborado varios informes e investigaciones periodísticas con casos documentados y testimonios de afectados por los malos tratos y abusos sufridos en las clínicas, supuestamente de desintoxicación o centros eclesiales.

Uno de esos casos es el de Jonathan Vasconez, internado contra su voluntad en mayo de 2010 por mediación de su familia, que buscaba así cambiar su orientación.

A los 23 años fue secuestrado por el director y dos "adictos" del centro "La Estancia", en Patate, provincia de Tungurahua.

"Me dijeron que eran de antinarcóticos y que me subiera al vehículo. Luego me taparon la cabeza y cuando llegué allá me explicaron que era por un tema de adicción", asegura a Efe Vasconez.

En el tiempo en que estuvo internado y que se prolongó más de un año, logró escapar en dos ocasiones, pero siempre lo volvían a capturar.

"Había maltrato, nos ponían sobre las tablas de la cama, nos pegaban, esposaban, me introdujeron la cabeza en un tanque de agua, nos botaban la basura encima, nos sacaban de noche a hacer ejercicio, nos mojaban con la manguera de agua", relata sobre algunas de las torturas que recuerda haber sufrido.

La clínica fue intervenida por las autoridades por hacinamiento y porque también había menores.

Su caso llegó a una corte, pero finalmente fue sobreseído.

Otra situación de este tipo que despertó enorme revuelo social fue el de Paola Concha Zirith en 2008, secuestrada de su casa y conducida a una clínica cerca de Quito, donde sufrió entre otras agresiones "violación correctiva" por ser lesbiana, aunque nunca llegó a denunciar.

De las decenas de casos registrados en los últimos años, solo uno, el de Zulema Constante, en 2013 concluyó con una sentencia, aunque irrisoria: consistió en el pago de 6 dólares y diez días de prisión para el responsable, que fue condenado por un delito de plagio.

Cayetana Salao, coordinadora de proyectos del Taller de Comunicación Mujer, una de las ONG que trabaja en este campo, señala que solo en el área de Quito tienen contabilizados 65 casos en los últimos doce años, a los que se sumarían otros en Manabí, Cuenca, Ibarra o Guayaquil.

"Es muy complejo tener un número exacto porque ninguno de estos casos ha llegado a un feliz término en cuanto a sanciones o medidas ejemplares para que dejen de suceder", afirma.

En total han registrado seis situaciones judicializadas, pero las solicitudes a las autoridades judiciales suelen toparse con dificultades para obtener información, en buena medida por la cláusula de confidencialidad que rodea los casos sobre personas de identidad de género diversa, medida que cuestionan las organizaciones.

Los colectivos LGTBI denuncian, además, que la justicia no ha llegado a considerar estos casos con la dimensión que merecen, como delitos de odio por razón de orientación sexual, como contempla el Código Orgánico Integral Penal.

Carlos Flores, autor del trabajo periodístico "Impunidad que tortura", considera que en Ecuador "hay una clara evidencia de impunidad sobre estos caso y las reformas de carácter normativo no son suficientes para evitarlos".

Indica que hay clínicas que siguen funcionando, pese a figurar en informes oficiales y estar bajo la lupa del Comité Contra la Tortura, y propone campañas de sensibilización y mayor prevención por parte del Estado, "para que no tengamos que esperar a conocer el próximo caso emblemático".

Efe ha tratado sin éxito de obtener un pronunciamiento del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos de Ecuador sobre la cuestión.

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