AI pide a Guatemala instaurar una política de protección a defensores de DDHH

Amnistía Internacional (AI) exhortó hoy a Guatemala a adoptar de manera urgente una política pública de protección a defensores de derechos humanos tras el asesinato de un líder comunitario del pueblo Xinca la semana pasada.

"Amnistía Internacional condena tajantemente estos hechos y exige al Estado guatemalteco investigar de forma exhaustiva, independiente e imparcial la muerte del defensor y promover sin demora una política pública integral para la protección de los defensores de derechos humanos", agrega el comunicado.

El líder Xinca y defensor de los derechos humanos Ronald David Barillas Díaz fue asesinado el 9 de enero en Taxisco, en el departamento de Santa Rosa, y su cuerpo apareció en una de las principales calles del municipio con seis disparos.

Según los testigos, un hombre, que viajaba en un automóvil blanco, simuló que quería comprarle algo a Barillas y al estar frente a él "le disparó al menos seis veces en el pecho" y después, junto a su cómplice, que estaba al volante, se dio a la fuga por la ruta CA2, en dirección a Escuintla.

El líder indígena, de 56 años, era uno de los activistas ambientales más respetados del área, promotor de una consulta municipal por las actividades mineras de la empresa canadiense Tahoe Resourses Inc, que opera la Minera San Rafael de Santa Rosa, y férreo luchador contra la agroindustria de la caña de azúcar en las provincias de Santa Rosa, Jutiapa y Escuintla.

A juicio de Amnistía Internacional, el homicidio del activista deja a su comunidad y a las organizaciones donde trabajaba en una situación de "mayor incertidumbre, temor y riesgo", y consideró que las autoridades "deben adoptar urgentemente y en consulta" con los defensores de derechos humanos medidas de protección.

"Amnistía Internacional urge al estado de Guatemala a adoptar sin demora una política integral de protección a personas defensoras que se base en los criterios expuestos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos", concluye la organización, que pide además una investigación "exhaustiva, independiente e imparcial" del ataque.

AI publicó en 2016 un informe en el que denunciaba que Guatemala, junto con Honduras, era uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos. Solo en 2015 fueron asesinados 18 de ellos en su territorio.

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