Tribunal UE avala petición a Francia de recuperar 1.370 millones euros de EDF

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) confirmó hoy la decisión de la Comisión Europea (CE) de ordenar a Francia que recuperase 1.370 millones de euros en el marco de una ayuda de Estado concedida a la eléctrica EDF.

El Tribunal General rechazó los argumentos presentados por EDF contra la decisión adoptada por el Ejecutivo comunitario el 22 de julio de 2015.

En particular, los jueces europeos concluyeron que fue legítima la exclusión por parte de Bruselas del criterio del "inversor privado", que se utiliza para determinar si el Estado que interviene o participa en el capital de una empresa ha actuado como un operador económico.

La compañía Électricité de France (EDF) produce, transporta y distribuye electricidad, sobre todo en territorio francés.

En la época en que sucedieron los hechos origen de la disputa EDF era una empresa pública que pertenecía íntegramente al Estado francés.

En 1997, durante la apertura del mercado interior de la electricidad, el Estado francés modificó su legislación para clarificar el régimen patrimonial de la empresa, reestructurar su balance contable y ampliar su capital.

En diciembre de 2003 la Comisión concluyó que, en el marco de la operación de reestructuración del balance y de ampliación del capital de EDF, el Estado francés había renunciado a un crédito fiscal de 888,89 millones de euros, correspondiente al impuesto de sociedades adeudado por esa empresa.

La Comisión estimó que esa renuncia había reforzado la posición competitiva de EDF frente a sus competidores, y que constituía una ayuda del Estado incompatible con el mercado común.

La Comisión calculó que el importe total de la ayuda que EDF debía restituir ascendía a 1.217 millones de euros, incluidos intereses.

EDF devolvió ese importe al Estado francés.

Con posterioridad la empresa, apoyada por Francia, presentó ante el Tribunal General de la Unión Europea un recurso de anulación parcial de esa decisión.

En una sentencia de diciembre de 2009, confirmada por otra del Tribunal de Justicia de junio de 2012, el Tribunal General anuló la decisión de la Comisión, por considerar que ésta no podía negarse a examinar si el Estado francés había actuado como un "inversor privado" en una economía de mercado.

A raíz de las sentencias del Tribunal General y del Tribunal de Justicia, la Comisión adoptó una nueva decisión el 22 de julio de 2015.

Al considerar que el criterio del inversor privado no era aplicable al caso, la Comisión declaró nuevamente la medida de ayuda incompatible con el mercado interior y exigió su recuperación más los intereses correspondientes.

El importe de la ayuda, fijado en unos 1.370 millones de euros, fue devuelto a Francia el 13 de octubre de 2015.

Insatisfecha con esta nueva decisión, EDF, apoyada por Francia, presentó un recurso ante el Tribunal General solicitando la anulación de la misma y hoy la corte europea rechazó esa apelación.

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