Suspendidos los procesos por la venta del Popular hasta que se pronucie la UE

El laberinto judicial en el que se han adentrado la maraña de recursos presentados por los antiguos accionistas del Banco Popular, que se vieron afectados por la resolución de la entidad, no verá cómo se complican aún más los caminos por los que discurre, al menos hasta que el Tribunal General de la Unión Europea tome una decisión sobre el rescate de la entidad. Así lo ha decidido la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional suspender las actuaciones que se encontraban abiertas contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en el marco de este caso.

El tribunal considera que, antes de realizar cualquier actuación nueva, es necesario conocer el dictamen de la corte europea, con sede en Luxemburgo, «para la mejor y más adecuada resolución» de esos recursos. Entre otras razones, alude a la necesidad de mantener «la seguridad jurídica» a la hora de no precipitarse en la investigación judicial.

El juez considera que la JUR es el organismo «responsable de todas las decisiones relacionadas con la resolución» del Popular. Y que al FROB le corresponde «la aplicación de las medidas dispuestas por la JUR mediante el cumplimiento de las instrucciones que recibe al respecto». Por eso, las sentencias del Tribunal de la UE tendrán «una trascendencia inmediata y directa» en el proceso abierto contra el FROB en la Audiencia Nacional.

Esta decisión se hace pública un día después de que los antiguos accionistas mexicanos del Popular, agrupados en torno a la figura del inversor Antonio del Valle, hayan exigido al Reino de España una indemnización de 470 millones de euros, equivalente a su participación en el capital de la entidad rescatada, en lo que consideran que fue un «expolio» al existir «alternativas» para salvar al banco. El cúmulo de demandas se extiende también contra la antigua cúpula de la entidad, capitaneada por Ángel Ron, hasta febrero del año pasado, y después por Emilio Saracho, hasta la resolución. Estas querellas se encuentran también en manos de la Audiencia Nacional, a la espera de acceder a documentos confidenciales, cuya autorización ha sido denegada.

Por otra parte, el presidente de Adicae, Manuel Pardos, cifró este miércoles en casi tres millones el número de afectados por los fraudes bancarios cometidos durante la crisis. En la comisión que investiga la crisis en el Congreso, Pardos lamentó la «cultura escandalosa» de un sistema «frágil por su legislación». Además, el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Francisco Morote, denunció que la burbuja del alquiler y la dificultad para obtener una hipoteca provocan que el acceso a la vivienda «empiece a ser algo imposible» para una mayoría de la población.