Fomento dice a taxistas que no cambiará la norma de vehículos con conductor

Los taxistas aseguran que el Ministerio de Fomento mantiene su posición de no modificar la norma que regula el arrendamiento de vehículos con conductor (VTC), a pesar de los requerimientos formulados en su contra por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Las organizaciones nacionales de taxistas Fedetaxi, Unalt y CTE se han reunido hoy con la Dirección General de Transportes para conocer la actuación y gestiones que ha realizado el Gobierno respecto a los requerimientos de la CNMC contra el Real Decreto y Orden Ministerial que regulan dicha actividad.

En enero pasado, la CNMC requirió al Gobierno modificar dicha normativa, con un claro objetivo, según las patronales, de desregular y privatizar el servicio público del taxi y entregarlo a grupos de presión y multinacionales de la "falsa economía colaborativa" y amenazó con impugnarla ante los tribunales, en caso contrario.

Sin embargo, de acuerdo con los taxistas, Fomento "mantiene una posición clara y contundente de no modificar" una norma aprobada hace apenas dos meses, así como mantener el ordenamiento vigente y ha confirmado que no se ha dado respuesta expresa a dichos requerimientos, dejando transcurrir los plazos legales y estando a la espera de recibir las correspondientes demandas judiciales.

Para contestar a las mismas, Fomento confía en ser representado por la abogacía del Estado, debiendo buscar la CNMC un despacho legal privado, con cargo a los impuestos de todos los españoles, para defender su tesis de la anulación de diversos preceptos del Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT) en materia de VTC.

Los representantes de Fomento han transmitido a las patronales que "están ultimando la redacción de un criterio interpretativo de las normas que regulan la actividad de VTC, a fin de facilitar a los cuerpos de inspección la tramitación de los expedientes sancionadores que se produzcan por las malas praxis de estas empresas (como Cabif o Uber) y los chóferes que trabajan para las mismas.

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