Administración local impulsó la licitación de obras en 2017, que creció 49 %

La licitación de obras en Cataluña aumentó un 49 % en 2017 hasta los 1.690 millones de euros, gracias sobre todo al impulso de la administración local y, en menor medida, de la Generalitat, según datos de la Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña (CCOC).

Los contratistas consideran que, pese a la mejora experimentada durante el año pasado, que es el segundo más positivo desde el 2010, la licitación es inferior a la mitad de la media de los últimos 20 años, unos 3.750 millones de euros anuales.

La administración local aumentó el volumen de licitación en un 90% y se publicaron ofertas por un importe de 1.046 millones, el 62 % del total, impulsado por el hecho de que en el año 2019 se celebrarán elecciones municipales.

La licitación de la Generalitat aumentó en 2017 un 43 %, siendo el total publicitado de 426 millones de euros, un 25 % del total.

Por su parte, la Administración General del Estado disminuyó la licitación, con una caída del 23 % respecto al año anterior, con solicitud de ofertas por importe de 218 millones de euros.

Según los contratistas, este resultado está muy por debajo de la media de los últimos 10 años y de las "expectativas creadas por el anuncio del presidente del Gobierno de la inversión de 4.200 millones de euros hasta el 2020 en infraestructuras en Cataluña".

Por otra parte, la licitación de servicios que son de interés de las empresas constructoras y de sus grupos alcanzó un importe total de 477 millones, un 15 % menos, especialmente por lo que se refiere a los mantenimientos, que caen un 30 %.

La CCOC ha reiterado la necesidad de que las infraestructuras se planifiquen a medio y largo plazo, independientemente de los periodos electorales, en función de la demanda y, previamente, evaluadas según criterios de coste beneficio que aseguren su rentabilidad económica, social y ambiental.

Los contratistas también insisten en que la licitación mínima regular y recurrente de todas las administraciones que requiere Cataluña para satisfacer sus necesidades de infraestructuras debería de ser aproximadamente del 2,2 % del PIB, unos 5.000 millones anuales, aunque la inversión pública media de los 28 países de la UE en el periodo 2002-2015 fue del 3,2 % del PIB.

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