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Hacienda denuncia a Puigdemont por el gasto del referéndum ilegal

Melchor Sáiz-Pardo

El fisco reclama al Tribunal de Cuentas que fije indemnizaciones por el costo del 1-O mientras que la Guardia Civil exige ya el desglose exacto

Doble ofensiva del Ministerio de Hacienda y de la Guardia Civil contra la factura del referéndum del 1-O, declarado ilegal por el Constitucional. El departamento que dirige Cristóbal Montoro ha denunciado ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas a todos los miembros del destituido Gobierno catalán, con el expresident Carles Puigdemont a la cabeza, y a las organizaciones ANC y Òmnium por el pago de los gastos de la consulta, que entiende que se hicieron con dinero público.

El escrito, de 23 páginas, está firmado por el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya. En ese documento, el fisco reclama al Ministerio Público que comience las «actuaciones oportunas» para conocer las cifras exactas que se destinaron de las arcas de la Generalitat para los preparativos del 1-O, la publicidad institucional, la «dotación de medios humanos y materiales» para la votación y la celebración del referéndum en sí.

Hacienda quiere conocer todos los contratos y actos administrativos derivados de la consulta, pero no solo. También cree imprescindible que la Fiscalía investigue el dinero que la Generalitat entregó (en forma de subvenciones) a las plataformas dirigidas por los encarcelados Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, ya que, entiende la Agencia Tributaria, es «evidente» que ambas organizaciones participaron en la logística de la consulta ilegal.

Fernández de Moya pide la intervención del Ministerio Público ante la falta de información de la Generalitat, que, alega, ha respondido con evasivas o respuestas incompletas a la quincena de requerimientos hechos al Govern para conocer el monto total del dinero del erario público usado para la consulta del pasado 1 de octubre. Hacienda insiste en que el Gobierno que presidía Puigdemont ni siquiera facilitó datos consistentes sobre la partida de 3,4 millones de euros que la Generalitat gastó bajo el vago epígrafe de «publicidad, difusión y campañas electorales».

Hacienda quiere que cuanto antes la Fiscalía tenga una cifra global para fijar ya las «indemnizaciones procedentes» que deberían pagar con su patrimonio personal -ya anticipa el fisco- los responsables de organizar la consulta. O sea, los miembros del gabinete de Puigdemont y los responsables de ANC y Òmnium.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ya fijó una fianza de 6,2 millones de euros al expresidente Puigdemont y a los 13 miembros del que fue su Gobierno para el pago de las responsabilidades civiles ante la posibilidad de que fueran condenados, además de por sedición o rebeldía, por malversación de fondos públicos. No obstante, la instructora no precisó de dónde salía esa cifra.

La intención de Hacienda, según los responsables del Gobierno central, es que se someta al destituido Govern a un proceso idéntico por el que pasó, también ante el Tribunal de Cuentas, Artur Mas y otros dirigentes de su Ejecutivo autonómico a cuenta del referéndum del 9 de noviembre de 2014. La corte auditora fijó la fianza por aquella consulta de 2014 en 5,2 millones de euros, de los que ya se han abonado 2,2.

Paralela

De forma paralela, también el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona ha comisionado a la Guardia Civil para que reclame a los técnicos de la Generalitat el «desglose» pormenorizado de todo el dinero público usado para la preparación y celebración del 1-O.

Los agentes quieren una respuesta exhaustiva sobre los costes de los informes previos, la publicidad de la referéndum, las urnas, las papeletas, los sobres, el envío de notificaciones, la puesta en marcha de las webs que fueron clausuradas, los sistemas informáticos de escrutinio, la estancia de los supuestos observadores internacional o los sueldos de los funcionarios dedicados a la preparación de la consulta, entre otros asuntos.

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