Vocento 15 años 19 de Octubre, 20:01 pm

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El cerco judicial asfixia los planes independentistas

Nati Villanueva

Desde que los independentistas anunciaron su intención de celebrar un referéndum por encima de la Constitución y del mandato del órgano de garantías, los poderes del Estado han reaccionado con prudencia ante el mayor desafío planteado nunca en democracia. Gobierno, Fiscalía, juzgados y tribunales y el Constitucional han aunado sus esfuerzos para hacer cumplir la ley. A diferencia del 9-N, el frente judicial ha sido uno de los grandes protagonistas de esta actuación, que, a la vista de la flagrante desobediencia en la que han incurrido y siguen incurriendo altos cargos y funcionarios de la Generalitat, va a tener un largo recorrido. La justicia pisa los talones al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que en cualquier momento podría ser detenido. Estas son las actuaciones judiciales que han conseguido acorralar a un gobierno que ya no tiene cabida en democracia.

Tribunal Constitucional
Suspensión del 1-0 y sin junta electoral para la pantomima

Garantizar la unidad de la institución en un asunto de este calado es vital para los magistrados del órgano de garantías, máxime cuando los independentistas podrían refugiarse en votos particulares para promover actuaciones victimistas y judiciales en órganos europeos. El TC se ha movido con prudencia y proporcionalidad desde su primera decisión de calado (la suspensión del referéndum) hasta la última, en la que por primera vez hizo uso de herramientas coercitivas. La imposición de multas de hasta 12.000 euros a los miembros de las juntas electorales provocó la disolución de la sindicatura al completo y la dimisión, vestida de «cese», del número dos de Junqueras, Josep Maria Jové. Aunque no puede tomar decisiones de carácter penal, sí dedujo testimonio (puso en el punto de mira de la Fiscalía) contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y otros cuatro miembros de la Mesa por permitir la tramitación de las leyes del referéndum. Si finalmente se aprueba la declaración de independencia con la que amenaza Puigdemont, será el Pleno del TC el que tenga que estudiar la impugnación que presente la Abogacía del Estado.

Fiscalía Superior de Cataluña
Puigdemont y Forcadell, fuera de la política

El Ministerio Público ha llevado las riendas de la investigación del 1-O hasta el 27 de septiembre, cuando la juez Mercedes Armas asumió el control de la causa. El fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, ha sido el autor de varias instrucciones trascendentales que frustraron los preparativos del referéndum ilegal. Entre ellas destacan la orden al «major» de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, de hacerse con el control de los colegios (avalada luego por la juez Armas) o la de abrir atestados contra autoridades o funcionarios por no acatar la orden de suspensión acordada por el TC. La Fiscalía también actuó contra 712 alcaldes rebeldes e interpuso las querellas contra Puigdemont y Forcadell entre otros.

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
Directo al corazón de la consulta: colegios precintados

Desde este tribunal superior, la juez Mercedes Armas ha tomado en los últimos días decisiones cruciales que han dado al traste con los planes de la Generalitat; las últimas, precintar los colegios electorales y anular las plataformas de voto electrónico y de recuento. El pasado 27 de septiembre esta magistrada cogía las riendas del 1-O, una investigación que hasta ese momento en manos de la Fiscalía. Armas aceptó la competencia para instruir la preparación y celebración de la consulta ilegal en el marco de una causa que ya instruía: la querella del Ministerio Público contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los miembros de su gobierno por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación. Este último, penado con cárcel, es el que podría justificar la detención de Puigdemont como medida cautelar si así lo solicitara la Fiscalía, pues la juez no podría acordarla de oficio. Hay una segunda querella en el TSJC, la que recayó en la juez María Eugenia Alegret. Se dirige contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa por prevaricación y desobediencia.

Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona
Del censo «paralelo» a los registros de las imprentas

El procedimiento que se instruye en este juzgado lleva abierto desde febrero, cuando su titular, Juan Antonio Ramírez, admitió la denuncia de un particular contra el entonces senador y juez proindependentista Santiago Vidal, quien aseguró que la Generalitat tenía un «censo paralelo» al oficial con «datos fiscales» de los catalanes. Meses después desde este juzgado se han llevado a cabo las detenciones de altos cargos y funcionarios de la Generalitat y los registros de imprentas y otros organismos de Barcelona.

Juzgado de Instrucción 15 de Barcelona
La sindicatura electoral, imputada al completo

La investigación responde a la querella que interpuso la Fiscalía contra los cinco miembros de la Sindicatura Electoral de Cataluña, hoy disuelta. Se les imputan los delitos de desobediencia, malversación de fondos públicos y usurpación de funciones. Tras haber recibido las notificaciones del TC con la suspensión del referéndum, los cinco miembros de la Sindicatura aprobaron un acuerdo por el que nombraron a los vocales titulares de las sindicaturas electorales de las demarcaciones de Arán, Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona. La apertura de un procedimiento penal no causó mella en ellos, pero sí la multa que se les impuso el TC por cada día que se mantuvieran en ese cargo desobedeciendo el mandato del tribunal: tardaron horas en renuncia.

Audiencia Nacional
El acoso a la Guardia Civil, un delito de sedición

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, investiga el acoso que sufrió la Guardia Civil en la operación contra el referéndum ilegal del pasado 20 de septiembre, cuando fueron arrestados 14 altos cargos y funcionarios de la Generalitat . La Fiscalía, que impulsó esta causa, considera los hechos un delito de sedición, una calificación con la que Lamela está de acuerdo y que precisamente convierte en la Audiencia en la competente para investigarlos.

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