Madrid, 23 jul (EFE).- El Gobierno comprará suelo privado para hacer vivienda de protección oficial (VPO) por un importe de 300 millones de euros mediante un concurso público que se pondrá en marcha en otoño, una medida que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha desvinculado de la crisis que atraviesa el sector.

El anuncio lo ha hecho la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, quien ha explicado que tendrán más posibilidades de ser adquiridos los suelos susceptibles de transformación inmediata y aquellos situados en poblaciones con una mayor demanda de vivienda, en tanto que el precio de compra estará en función de los precios establecidos para la VPO.

El PSOE cree que esta iniciativa servirá para reactivar uno de los sectores más castigados por la crisis, favoreciendo la creación de empleo y posibilitando el derecho al acceso a la vivienda de los más necesitados, mientras que el PP considera más conveniente adoptar medidas dirigidas a las familias en lugar de ayudar a las inmobiliarias con problemas.

Rodríguez Zapatero ha insistido en que el objetivo de esta medida no es ayudar a las empresas que están en dificultades financieras, sino agilizar la construcción de vivienda protegida, razón por la que la consideró una iniciativa de política social.

Asimismo, subrayó que los 300 millones que se destinarán a la compra demuestran que la operación no está vinculada a la situación de las inmobiliarias con problemas de liquidez, dado que su endeudamiento supera ampliamente esa cifra.

Corredor dijo además que se trata de una medida estructural que ayudará el objetivo del Gobierno de avanzar hacia un mercado de la vivienda más social y sostenible, después de haber estado invadido durante una década por especuladores que buscaban enriquecerse gracias a la subida de precios.

La iniciativa gubernamental ha sido recibida con cautela por promotoras e inmobiliarias, razón por la que las principales patronales del sector no han querido valorarla hasta que no se conozcan todos sus detalles.

La ministra no ha aclarado si sólo comprará suelo ya calificado como urbanizable -activo del que las empresas no querrán desprenderse fácilmente si no es a un precio atractivo- ni tampoco si esos solares se volverán a subastar entre las promotoras dispuestas a construir vivienda de protección oficial.

Los criterios definitivos por los que se guiará la compra de suelo privado saldrán de la reunión que en septiembre tendrá la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), dependiente del Ministerio de Vivienda, con las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El plazo para presentar las ofertas estará abierto de octubre a diciembre, periodo después del cual SEPES dispondrá del derecho de compra de todos los suelos presentados a concurso durante seis meses, de tal forma que pueda contar con tiempo suficiente para evaluar los terrenos.

La intención del Gobierno, que pretende que esta iniciativa tenga carácter anual, es ampliar el presupuesto inicial de 300 millones de euros si la oferta tiene una buena acogida entre las empresas.

La decisión de recurrir a la compra de suelo privado es justificada por el Gobierno en la escasez de suelo público, algo que no comparte la oposición que cree que el Estado posee suficientes terrenos para construir vivienda protegida, por lo que considera innecesario adquirirlo a empresas.