Madrid, 20 jul (EFE).- La mesa negociadora del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a 234 trabajadores de Martinsa-Fadesa volverá a reunirse mañana para tratar de llegar a un acuerdo después de que los sindicatos rechazaran la indemnización de 25 días por año trabajado ofrecida por la empresa.

Los sindicatos confían en que las negociaciones, en las que aspiran a conseguir 45 días por año, puedan avanzar lo más rápido posible para que la tramitación del ERE no coincida con la declaración del concurso de acreedores, que fue solicitado el pasado martes por Martinsa-Fadesa.

Para agilizar ese proceso de consulta con la parte social, está previsto que la reunión continúe el martes y que pueda seguir el miércoles si ambas partes lo consideran necesario.

La decisión de llevar a cabo un ERE -que afecta a cerca del 30 por ciento de la plantilla- fue tomada antes de que la compañía se viera abocada a pedir a la justicia la suspensión de sus pagos, por lo que la coincidencia de ambos procesos daría lugar a un escenario diferente en el que un mayor número de puestos de trabajo podría peligrar.

Eso es lo que temen los sindicatos, que han exigido a la dirección de la empresa un plan de viabilidad que asegure el futuro de la compañía, cuyos responsables sólo garantizan a sus 825 empleados el pago de los salarios correspondientes al mes de julio.

Además de los 234 despidos directos contemplados en el ERE, los sindicatos calculan que la pérdida de empleo indirecto derivada de la falta de actividad de la compañía podría llegar a afectar a entre 2.000 y 4.000 trabajadores pertenecientes a empresas subcontratadas por la inmobiliaria.

A pesar de la situación, la inmobiliaria presidida por Fernando Martín asegura que buscará, bajo la supervisión de la administración concursal, las fórmulas más adecuadas para acabar las promociones y obras en curso y entregar todas viviendas comprometidas (12.578 inmuebles a 31 de marzo).

Junto con la sociedad matriz, otras seis filiales de Martinsa-Fadesa -que actuaban como garantía del préstamo de 4.000 millones de euros que sirvió para pagar la compra de Fadesa- y tres sociedades patrimoniales de Fernando Martín han pedido el concurso voluntario para evitar el embargo por parte de los bancos acreedores.