16 de Agosto, 23:57 pm

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ESTAFA INVERSORES

La UDEF ve un "grupo criminal" tras la estafa de 17 millones a 700 inversores

Agencia EFE

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional considera que el fundador de Arc Global Trader, Raúl Cano, y otros cinco directivos conformaron un "grupo criminal" que perpetró un "fraude masivo" de 17 millones de euros a 700 clientes, del que todos "se han lucrado".

En su último informe, que obra en manos del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, la Brigada Central de la UDEF identifica además a los directores comerciales del chiringuito financiero, José Luis Cogollo, José Ignacio Calvo y Silvia Villar, y a la secretaria Lidia Merchán, quienes ofrecían el producto y "a su vez, se encargaban de crear toda la infraestructura", simulación incluida.

Según exponen los investigadores, una prueba seria de delito es la constitución de Plantaciones Balcón del Tiétar, sociedad mancomunada de Cano, Calvo, Cogollo y Prieto, la cual habría sido utilizada para desviar, al menos, 183.298 euros.

En el documento, al que ha tenido acceso Efe, la UDEF describe uno a uno el papel de la excúpula de Arc, encabezada por su fundador del que, asegura, "es muy complejo comprobar el total que ha desviado ya que desde la creación, transfería dinero desde cuentas de esta sociedad a las suyas propias".

Unas cuantías con las que "también pagaba gastos personales, como su vehículo y el de su pareja, abonando por ambos 61.784 euros".

En virtud de la documentación, la unidad detecta movimientos por importe superior a los 586.583 euros, que habrían ido a parar a cuentas personales (mínimo 250.000 euros), a su mujer (142.409 euros) y a su hermano (10.876 euros).

Por su parte, Calvo habría desviado a través de familiares unos 207.700 euros, dinámica similar a la seguida por Cogollo (421.713 euros); Prieto (111.765 euros); Villar (340.000 euros "de lucro" como mínimo ya que se movían cantidades en efectivo); y Merchán (151.634 euros).

La UDEF detecta en un segundo plano a los comerciales, sobre los cuales "no se han obtenido los suficientes indicios", y a los supuestos testaferros, quienes estarían encaminados a facilitar a los autores del fraude "el disfrute del beneficio".

Destaca a Raúl Garzón, "un delincuente común sin ningún tipo de antecedentes empresariales" al que si bien transmitió la totalidad de las participaciones de Arc en julio de 2017, "no autorizó" el acceso de sus cuentas.

Maniobra "habitual en los delitos de blanqueo", a la que el testaferro accedió por 500 euros "porque necesitaba el dinero para comer y consumir cocaína", tal como reconoció él mismo en su declaración ante la Policía.

El informe de la UDEF sustenta el criterio de algunas acusaciones, como la que ejerce el despacho Durán & Durán Abogados, y apunta a la existencia de un grupo criminal contemplado en el Código Penal y que de acreditarse, llevaría aparejadas la aplicación de penas superiores en grado.

A la espera de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional se pronuncie al respecto, el titular del juzgado central de Instrucción número dos ha rechazado las querellas interpuestas por varios de los investigados contra Cano al entender que en los supuestos de estafa no es posible tener esa doble condición.

Entre ellas, la de la extrabajadora de Arc y sobrina de Cogollo, Noelia García, contra la que ahora también se dirigen unas pesquisas que se extienden a otras cuarenta personas, incluida la red comercial.