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Según los expertos

Las constantes reformas eléctricas minan la credibilidad del mercado español

Las medidas trastocan las perspectivas de beneficios de las compañías del sector

La tormenta eléctrica sigue su curso. La incertidumbre regulatoria que ha empañado las cotizaciones del sector energético español durante años no termina de disiparse. El Gobierno está intentando atajar decreto a decreto, (parche a parche) el problema del déficit de tarifa. Y aunque muchos expertos vieron avances en las medidas tomadas en 2012, la temida cifra del déficit no ha dejado de crecer. Con las últimas medidas del ministro de Industria, José Manuel Soria, Hacienda concederá un crédito a su ministerio para evitar que esta deuda acumule los 30.000 millones de euros en 2013. ¿Y el año que viene? El Gobierno tendrá que poner en marcha nuevas medidas para esquivar una nueva crisis de la deuda eléctrica. Pero mientras se salva una batalla, varios expertos consideran que se pierde otra: la de la seguridad jurídica de España.

Nadie parece vislumbrar el final de la reforma eléctrica. Y aunque la última batalla ha finalizado con vencedores y perdedores, hay varios frentes abiertos que traerán nuevas tensiones a la bolsa. «Los últimos movimientos del Gobierno no atajan de forma definitiva el problema del déficit de tarifa. La incertidumbre continúa y habrá nuevas medidas que se notarán en los mercados», advierte Soledad Pellón, de IG Markets. La energía es uno de los sectores de mayor peso en nuestro Ibex. Los inversores internacionales suelen seguir de cerca las informaciones que conciernen a estas compañías, que junto a banca y constructoras, deciden el rumbo del selectivo español. Además, la naturaleza de la legislación que el Gobierno está desarrollando incide de forma muy directa en las cuentas de las compañías. Sin embargo, la dificultad para determinar los costes de cada energía, todo un conjunto de visiones contradictorias sobre el sistema energético español y las continuas reformas confunden a los inversores internacionales, que prefieren apostar por mercados más transparentes.

De ahí, la sensibilidad de las cotizaciones y la volatilidad de todo el sector ante las continuas normativas, o parches, del Gobierno. Las energéticas españolas se enfrentan a un abismo eléctrico compuesto por recortes de primas, supresión de subsidios y actualizaciones de costes para terminar con el lastre del déficit de tarifa. Un problema no resuelto que ya es estructural y que requerirá de medidas más contundentes y consensuadas entre Gobierno y los distintos actores energéticos.

Un alivio demasiado temporal

¿Qué es lo último que ha hecho el Gobierno? Tres medidas que se traducen en nuevos recortes a las primas sobre energías alternativas, entre otras actividades, y la solicitud de un crédito extraordinario para evitar el incremento de la tarifa de la luz en 2013.
Según los expertos de Banco Sabadell, «el crédito extraordinario a Industria permitiría pagar el diferencial del déficit en 2013». Para Natalia Aguirre, directora de análisis de Renta 4, esta medida también es positiva, pero sigue viendo un sesgo negativo. «Se financia el déficit de tarifa para 2013, pero no se elimina el problema estructural que esto supone. Ha habido avances, pero aún no hemos visto todas las medidas necesarias».

Sigue faltando luz en las eléctricas. Especialmente en las renovables. Y algunos expertos consideran que el daño causado al sector es demasiado grande. «El problema del déficit de tarifa es el resultado de constantes improvisaciones por parte de los distintos gobiernos, que no atajan el problema estructural. Se están aplicando medidas con carácter retroactivo, que afectan a grandes inversiones realizadas bajo una serie de condiciones que se iban a mantener durante 20 años. Ahora se cambian esas condiciones y se producen dos resultados muy perniciosos: las compañías de renovables intentan sacar su negocio de España en busca de mercados con más seguridad jurídica y los inversores extranjeros no entran en nuestro mercado», explica Joaquín Corchado, profesor del IEB.

Si echamos la vista atrás, los paquetes de medidas aplicados por el Gobierno de Rajoy han perjudicado a todas las compañías. En julio del año pasado, el ministro Soria introdujo un impuesto homogéneo del seis por ciento sobre la generación energética y una tasa para la nuclear e hidráulica. La medida despertó las críticas de Unesa, la asociación que representa los intereses de las conocidas como «utilities» integradas (Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa, E.ON y HC Energía). En aquel momento, las renovables se salvaron de un hachazo, que ha llegado ahora en forma de recortes de subsidios. En total, más de 800 millones de euros cada año. La Asociación de Productores de Energías Renovables ha llegado a hablar de «exterminio y aniquilación del sector» .

Inseguridad jurídica

Ni el exministro de industria socialista Miguel Sebastián, ni el actual José Manuel Soria han sido capaces de poner en marcha medidas resolutivas. Las primas a las renovables son tan necesarias para unos, como perniciosas para otros. La batalla entre las compañías tradicionales y las de energías alternativas da lugar a distintas explicaciones del sistema eléctrico, que dificultan la comprensión del mismo por parte de los inversores.

Desde UNESA se asegura que las principales causantes del déficit de tarifa son las renovables y se pide una drástica reducción de las primas, entre otras medidas. Los recortes de primas se han producido y han desbaratado las perspectivas de negocio de las compañías de renovables decreto a decreto. «Más que la regulación en sí, lo que está perjudicando al inversor es la inestabilidad. Al fin y al cabo, lo que mueve las cotizaciones de las compañías son sus perspectivas de beneficios. Si en un sector regulado cambias constantemente la legislación, pierdes estabilidad y es difícil atraer la inversión», advierte David Navarro, de Inversis. «España ha perdido puestos en el ranking de seguridad jurídica internacional con estas medidas», afirma Corchado.

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