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Londres, 27 jun (EFE).- Amnistía Internacional (AI) acusó hoy a las autoridades hondureñas de no haber llevado ante la Justicia a los responsables de las violaciones de los derechos humanos que se sucedieron tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 que obligó al ex presidente Manuel Zelaya a dejar el poder.

AI denuncia que desde la llegada a la presidencia de Porfirio Lobo el pasado mes de enero, la policía y las fuerzas militares responsables de los arrestos masivos, palizas y torturas que se sucedieron tras el golpe de Estado no han sido llevados ante la Justicia.

Tras el asesinato de siete periodistas en los tres últimos meses, la organización también pone en duda en su comunicado el respeto a la libertad de expresión.

La subdirectora para las Américas de AI, Guadalupe Marengo, critica que "el presidente Lobo se ha comprometido públicamente con los derechos humanos, pero no ha hecho nada para protegerlos, y eso es inaceptable".

"Lobo tiene que demostrar que está seriamente decidido a poner fin al clima de represión e inseguridad que vive Honduras, de otra manera, la estabilidad del país seguirá en peligró", continúa Marengo.

El presidente Lobo fue elegido en noviembre de 2009, después del golpe de Estado que apartó a Zelaya del poder.

Tras ese golpe, centenares de personas se manifestaron para pedir el regreso de Zelaya y muchas de ellas fueron detenidas durante los meses posteriores en los que se sucedieron numerosos disturbios en los que murieron al menos diez personas.

Los activistas pro derechos humanos, líderes de la oposición y jueces sufrieron amenazas, se cerraron medios de comunicación y se censuró el trabajo de los periodistas.

Además, existen informes que aseguran que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron violaciones contra mujeres y niñas.

AI denuncia el que ninguno de los responsables de esos hechos haya sido procesado y que las autoridades hayan abierto muy pocas investigaciones al respecto.

"Es muy triste que las numerosas víctimas de estos abusos no hayan sufrido ningún tipo de reparación", se lamenta Marengo, para quien "esos atropellos no pueden quedar sin castigo porque las víctimas tienen derecho a saber la verdad".

En abril, el Gobierno de Honduras estableció una Comisión de la Verdad, pero AI cree que esta investigación sólo busca conocer los factores que detonaron la crisis en lugar de proteger a las víctimas.

Marengo propone un programa de "reconstrucción de los derechos humanos" que cuente con objetivos y plazos claros para esclarecer lo ocurrido y así "asegurar la justicia y la verdad y acabar con la espiral de violencia".