De Guindos se comprometió a abordar con la banca las formas en las que se puede «minimizar» el coste social de los desahucios.

El responsable económico evocó que la morosidad hipotecaria no de los particulares no se ha disparado porque lo último que se deja de pagar es la cuota de la vivienda, y se inclinó por apurar la búsqueda de soluciones en la mayoría de los casos. «Creo que a nadie y mucho menos a la banca y al Gobierno, le interesa que haya muchos desahucios», afirmó, pero no quiso desvelar los instrumentos a los que se puede acudir para aliviar el problema «preservando la seguridad jurídica» en todo caso.

De Guindos consideró la contracción del crédito la principal causa de que la economía española haya recaído en la recesión sin haber llegado a recuperarse en el año 2010, el único de esta fase de crisis en el que se apreciaron atisbos de mejora, en tanto que otras economías de la zona euro repuntaron y se fortalecieron, lo que les sitúa en mejor posición en esta nueva fase de la crisis. Según estimó, la financiación a empresas y familias por parte de las entidades españolas está cayendo al ritmo del 10%, aunque matizó después que los descensos oscilan entre el 5% y el 10%, según instituciones y destinatarios.

A la espera de Europa

Con este horizonte de fuerte deterioro, el ministro de Economía admitió que el Ejecutivo está a la espera de conocer las proyecciones económicas de la Unión Europea sobre los países de la zona euro -que se harán públicas el 23 de febrero- para adecuar las suyas propias. Dio a entender que esta estrategia resultará útil, porque permitirá confrontar a las instituciones europeas con unos datos evidentes, lo que contribuirá a convencerles de la necesidad de flexibilizar el calendario de cumplimiento de los objetivos de déficit.

La reforma del sistema financiero aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros -insistió De Guindos- aspira a que vuelva a fluir el crédito. El responsable económico explicó que los cambios van en la línea de los acometidos por el Gobierno socialista -el FROB está ahí, y sigue siendo el instrumento disponible- si bien serán más intensos y acelerados. Había entidades que ni prestaban ni tiraban para adelante, sugirió, lo que, sumado a la desconfianza en el valor del inmobiliario que tenían en sus carteras, obligó a acelerar la reconversión.

El portavoz socialista, el ex ministro de Trabajo Valeriano Gómez, ofreció a priori el apoyo de su grupo parlamentario para la ratificación del decreto ley, a condición de que las entidades que reciban ayudas «se comprometan con objetivos transparentes y evaluables de crédito y se vigile la continuidad de la prestación de servicios financieros en plena competencia y accesibles a todos». El PSOE cree, por el contrario, que el proyecto de ley de estabilidad presupuestaria «ha violado los acuerdos» alcanzados entre los dos grandes partidos. No comparte que la aceptación de un 0,5% de 'números rojos' se vincule estrechamente a la aplicación de reformas, ni que incluso en situaciones «catastróficas» se mantenga el tope de déficit.

Entre las iniciativas que desgranó el ministro como objetivos de legislatura levantaron ampollas entre los portavoces nacionalistas las propuestas para levantar la actividad del comercio después de cuatro años consecutivos de desplome. Desde el respeto a las competencias territoriales, propuso la flexibilización de establecimientos y horarios con eliminación de licencias de obra y apertura. Después precisó que las aperturas se podrán realizar sin necesidad de contar con «los papeles» al tiempo que se sigue su tramitación con las mismas autoridades que ahora dispensan los permisos, ya sean autonómicas o municipales.

Mucho mejor recibida fue la sugerencia de los ya bautizados como «hispabonos». Se trata de encontrar fórmulas para que los costes de financiación de los títulos emitidos por las comunidades autónomas no se disparen respecto a la rentabilidad que por los bonos del mismo plazo tiene que pagar el Tesoro. Las autonomías podrían llegar a ahorrar hasta 1.000 millones de euros, estimó De Guindos. El portavoz parlamentario de CiU, Josep Sanchez Llibre, se apuntó a la idea y la enmarcó en el anuncio del presidente Mariano Rajoy de que su Gobierno «no dejará caer» las finanzas de ninguna de las comunidades.