El presidente adjunto de esa entidad financiera, Antonio Acosta, expresó, mediante un comunicado, la disposición para que su banco en España brinde toda la información requerida por los investigadores.

Ello, a raíz de que la Asamblea Nacional ecuatoriana exhortara hace unos días a la Superintendencia de Bancos, la Cancillería, la Secretaría Nacional del Migrante (Senami) y la Defensoría del Pueblo a que investiguen sobre la situación de los ecuatorianos afectados por las hipotecas en España.

Acosta, en carta remitida al presidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, Paco Velasco, aseguró que su banco "estará a entera disposición" de la delegación oficial que irá a España a indagar y apoyar a los inmigrantes perjudicados por las hipotecas.

Además, sugirió que la comisión esté formada por tres personas designadas por la Superintendencia de Bancos, la misma que, según dijo, debe viajar inmediatamente a España.

Acosta señaló que, pese a las críticas de inmigrantes sobre la operación de compra de cartera de créditos hipotecarios realizada meses atrás por el Banco del Pichincha en España, esa negociación cumplió con todas las disposiciones y normativas que establece la legislación española.

Recordó que el banco adquirió una "porción de la cartera otorgada por otros bancos españoles" a inmigrantes ecuatorianos, lo que generó preocupación en ese colectivo, por la posibilidad de que las deudas contraídas en suelo español puedan ser cobradas en Ecuador, lo que ha sido negado por la entidad.

De los créditos adquiridos por el banco, señala el texto, ninguno cuenta con garantía hipotecaria y apenas el 29 % tiene alguna cuota vencida.

Por su parte, la Asociación hispano-ecuatoriana Rumiñahui, que apoya a los inmigrantes en España, recordó que en octubre pasado denunció a la Senami la operación del Banco del Pichincha sobre una cartera a la que en su momento denominó "créditos basura".

Tras indicar que la situación de muchos compatriotas es complicada en España, la Asociación sugiere que asambleístas ecuatorianos coordinen con su pares españoles para auspiciar una reforma de Ley Hipotecaria ante el Parlamento español.

También sugiere ampliar esta iniciativa al Parlamento Andino para impulsar un frente común regional, ya que la crisis generada por las hipotecas afecta también a los colectivos de peruanos, bolivianos, colombianos, paraguayos y argentinos, entre otras nacionalidades.

"Entendemos que muchas de estas leyes responden a directivas de carácter comunitario, por lo que se hace necesario dar una respuesta a nivel regional", sostiene la Asociación Rumiñahui en el comunicado difundido hoy.

Por su parte, la Cancillería ecuatoriana prepara una estrategia de apoyo a los inmigrantes atrapados por deudas hipotecarias y por la crisis económica.

Piedad Mancero, asesora del canciller Ricardo Patiño, se encuentra en España, coordina actualmente esa estrategia como parte del equipo de trabajo creado para recopilar todos los datos sobre los ecuatorianos afectados por la crisis de las hipotecas.

Mancero señaló que, de acuerdo a datos preliminares, serían unos 15.000 los inmigrantes ecuatorianos afectados en España por créditos impagados, desahucios, pérdida de sus viviendas y otros "problemas sociales graves" como la falta de empleo e ingresos.

De momento, el equipo creado en la embajada de Ecuador en Madrid ofrecerá asesoramiento jurídico a los afectados.

Con casi medio millón de personas -entre ellas 147.000 que han adoptado la doble nacionalidad- el colectivo ecuatoriano es el más numeroso de los latinoamericanos en España.