Hace ahora dos años y casi tres meses que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobó el real decreto sobre OPA con el que se pretendía cerrar las rendijas que la normativa de 1991 había permitido a financieros y constructores de postín tomar el control de compañías pagando solo a un tercio de los accionistas. Así lo hizo en su día Florentino Pérez cuando lanzó dos ofertas parciales para comerse Dragados, la de Joaquín Rivero sobre Metrovacesa y la de Santander sobre Cepsa.

Ante tanta queja de los minoritarios y el mosqueo general por lo que era un escándalo legal a ojos vista, el supervisor decidió obligar a lanzar una OPA por el 100% del capital cuando un inversor tomara más del 30% de los derechos de voto o hubiera nombrado a la mitad de los consejeros. También obligaba a presentar una OPA a los accionistas que, en el momento en que entre en vigor la norma, controlen entre el 30% y el 50% del capital y aumenten su participación en más de un 5% en un año, cuando superasen la mitad de los derechos de voto o cuando, por medio de la compra de participaciones adicionales, controlen la mitad del consejo de administración.

Esa normativa entró en vigor el 15 de agosto de 2007 y a fecha de hoy nadie ha lanzado una OPA sobre nadie y miren que ha habido situaciones más que suficientes para ponerla en práctica. Ahí están los casos recientes de Iberia sobre Vueling, de Rayet sobre Afirma, de IPIC sobre Cepsa y, sobre todo, de Enel sobre Endesa, una obligación que le hubiera encarecido la compra de la eléctrica española en cerca de 3.000 millones.

Cuando no son pitos son flautas, pero parece evidente que un buen informe de una firma de abogados de prestigio es capaz de echar abajo una ley que se hizo para evitar que unos cuantos listos dejaran a muchos con cara de tontos. Eso si, todo muy legal, que aquí no se pone una sanción ejemplarizante a no ser que sea de tráfico para sanear las cuentas de nuestras administraciones públicas.

El nuevo caso que se avecina, el de Iberia y British, sobre Vueling, ya les digo como acabará. Con una nueva exención por parte de la CNMV para beneficio de dos compañías que van a hacer una fusión mediante canje porque no tiene un euro en el bolsillo. Y los accionistas, pues que se aguanten o que se hubieran leído la norma al dedillo, que se hubieran aprendido sus posibles interpretaciones o que contraten a un buen abogado para pleitear ad eternum. A ser posible no caigan en manos de una asociación de minoritarios, que encima te sacan la pasta y tampoco consiguen nada, más que el pataleo.

En definitiva, una ley con escasa credibilidad y con menos fuerza jurídica con la que los grandes de nuestro mercado siguen jugando a su antojo.