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La crisis financiera ha puesto en tela de juicio la labor de los agentes que intervienen en los mercados de valores y los asesores financieros no se escapan de las críticas. En Reino Unido, la autoridad británica de servicios financieros ha situado delante de su punto de mira de la labor de estos expertos. La Financial Services Authority (FSA) anunció a mediados de julio que revisaría las normas por las que se rigen los asesores de inversión para prohibir que reciban pagos en concepto de comisión de los gestores de los productos que proponen a sus clientes. Esto forzará a los asesores financieros a cobrar a los inversores que solicitan sus servicios, en lugar de percibir ingresos de los proveedores de productos financieros que les recomiendan.
Según un comunicado del regulador británico, con este cambio se pretende reforzar la independencia de las firmas de asesoramiento financiero y propiciar una vuelta de la confianza al mercado de inversión minorista, particularmente en lo que respecta a las cestas de fondos de inversión.
Aunque la medida británica no entrará en vigor hasta dentro de tres años, ha tenido un amplio eco en el sector financiero europeo, uno de los más castigados por la falta de confianza en los expertos en inversiones que ha desatado la crisis mundial. Para muchos expertos, la medida anunciada por la FSA puede convertirse en la antesala de una normativa europea que vigile la gestión de los asesores de inversiones. Esto significa que el consejero financiero será el agente del cliente, en lugar de ser el agente del proveedor de producto que le aconseja a su cliente.Sin embargo, la traslación de este escenario al mercado español no resulta evidente. Según los expertos, la situación es completamente diferente a la del contexto que existe en Reino Unido. En España, las empresas de asesoramiento financiero independiente, conocidas como EAFI‘s, son de muy reciente creación, y además gestionan un volumen muy pequeño de productos financieros. «Hay que tener en cuenta que en Reino Unido prácticamente toda la colocación de los productos financieros se realiza a través de estas compañías. Es España sucede lo contrario: es la red de bancos y cajas la que distribuye la gran mayoría de los productos que se comercializan en nuestro país», explica Carlos Tusquet, presidente de EFPA España (European Financial Planning Association). Desde EFPA se afirma que la decisión que ha tomado la FSA británica ha sido «una reacción de péndulo», se ha pasado de repente a la situación contraria, y esto no tiene necesariamente porqué beneficiar al cliente. Fuentes del colectivo de asesores financieros no ocultan, sin embargo, que el regulador británico posiblemente no haya tenido más remedio que decidir la prohibición de pagos de comisiones a los asesores por parte de los gestores de fondos y de otros productos financieros, ya que en realidad estas agencias se habían convertido en meros distribuidores.
Falta de transparencia
«Es posible que en Inglaterra la transparencia hacia el cliente no fuera todo lo deseable que debiera», apunta Carlos Tusquet. Para los responsables de la asociación española de asesores financieros, lo importante es la transparencia del servicio que se presta al cliente. Además, señalan que, en muchos casos, las comisiones que se cobran de los gestores y emisores de productos financieros se trasladan a la cuenta del cliente, que se beneficia de estos servicios. «Lo importante es que el pequeño inversor que confía sus ahorros a un asesor financiero sepa qué es lo que se está pagando y qué es lo que está sucediendo con cada producto que se le propone. Se trata se establecer una relación de transparencia: Mire, de aquí no le cobro nada, o le descuento la comisión. El cliente tiene que entenderlo y aceptarlo», añade Tusquet.
No son los únicos en pensar que la FSA se ha precipitado en su decisión de prohibir las comisiones de las emisores de productos financieros. Desde la Asociación de Gestión de Inversiones, que agrupa en el Reino Unido a profesionales de la asesoría, han pedido a la FSA que el texto que propone el cambio de normativa se modifique sustancialmente antes de su aprobación. La FSA ha abierto un periodo de consulta con el sector que durará hasta el 30 de octubre de este año.
Durante el primer trimestre de 2010 se conocerá el texto definitivo, aunque los cambios no estarán en vigor hasta 2012. No obstante, este calendario, según los expertos no dará tiempo suficiente para que se cambie la mentalidad de los clientes de las firmas de asesoramiento financiero, que hasta ahora no pagaban comisiones. De hecho, muchos expertos creen que la nueva medida de la FSA puede suponer un duro golpe a la industria británica de asesoramiento financiero. Entre las novedades que más teme el sector es que las comisiones que se cobren a los clientes deberán serlo por adelantado.
Los expertos de Abante Asesores, la primera EAFI que se creó en España, afirman que el cliente debe tener muy claro que tiene que pagar la gestión por un lado y el asesoramiento por otro. «Si un inversor quiere estar tranquilo puede contratar el asesoramiento, pero tendrá que pagarlo. Normalmente el 70 por ciento de lo que se le cobra es gestión y el 30 por ciento restante suele corresponder al asesoramiento», indica Enrique Borrajeros, director de Desarrollo de Negocio de Abante.
«Según nuestro planteamiento, un inversor puede comprar directamente un producto. Y lo hace porque entiende qué es ese producto. Pero también puede decidir que necesita un asesoramiento más profundo, que vaya más allá de comprender las características de un fondo o producto en cuestión. Puede ser para planificar su jubilación o para hacer una evaluación de sus inversiones no financieras», explica Borrajeros. En este caso, el inversor debe comprender que el asesoramiento es un valor añadido que debe tener un precio, al margen de los resultados del propio producto, añaden en Abante. Sin embargo, al inversor puede resultarle más cómodo pagar al asesor con parte de la remuneración que generan sus inversiones, explican los expertos. Pero, para ello, indican, la transparencia debe ser total y dar cuenta de lo que se paga por gestión y lo que se paga por asesoramiento.
