Gobierno ha disipado las últimas dudas de los asesores y expertos fiscales sobre la promesa electoral, compartida por el PSOE y el PP, de eliminar el Impuesto sobre el Patrimonio (IP). En el Consejo de Ministros del pasado 13 de junio aprobó la remisión al Consejo de Estado del anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, que recoge la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio con efecto retroactivos al 1 de enero de 2008.

La última declaración del Impuesto sobre el Patrimonio será la que se presente a finales de este mes, correspondiente al ejercicio 2007. En el anteproyecto, el equipo dirigido por el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, ha decidido bonificar el impuesto un 100 por cien y, además, ha suprimido la obligación de declarar. Los expertos, hasta ahora, barajaban diferentes escenarios. Entre ellos, que se mantuviese un tipo máximo simbólico del 1 por ciento para tener un control mínimo sobre los contribuyentes. El tipo máximo del IP se sitúa en el 2,5 por ciento, el más alto de Europa. Pero, al final, la decisión del Gobierno ha sido bonificar el 100 por cien de la cuota: no se pagará nada.

La eliminación del IP, que muchos fiscalistas consideraban injusto, ya que gravaba dos veces los ahorros de los ciudadanos, beneficiará a un millón de contribuyentes españoles, según los datos de Hacienda. Además, de la medida se aprovecharán otros 300.000 ciudadanos no residentes en España que también debían hasta ahora abonar el tributo por los inmuebles que poseen en nuestro territorio. En total, los contribuyentes, nacionales y extranjeros, se ahorrarán unos 1.800 millones de euros. El Gobierno tendrá que compensar a las autonomías por la merma recaudatoria, ya que tienen cedida la gestión del impuesto.

La duda: ¿por qué no se deroga?

Los expertos valoran positivamente la decisión del Gobierno de eliminar la obligación de declarar por patrimonio: «No es lo mismo tener que declarar los bienes que componen tu patrimonio que no tener que realizarlo», explica Arturo Jiménez, Sin embargo, los asesores fiscales no comprenden muy bien por qué no se ha derogado el impuesto. «Lo suprimen, pero sin suprimirlo. Al desaparecer la obligación de declarar, el único sentido de mantener el impuesto en el ordenamiento jurídico es que, en un momento dado, se pueda dar marcha atrás, aunque este extremo es bastante improbable», añade Jiménez. De todas formas, los expertos señalan que todavía falta el trámite parlamentario para ver en qué condiciones se procede finalmente a la eliminación de este impuesto. Los expertos creen que el texto definitivo se conocerá a final de año.

Al suprimir este tributo, España se alineará con la mayoría los países europeos, que ya lo han eliminado. De hecho, en la actualidad, sólo Francia y España mantenían vigente este impuesto.

Según los expertos, la eliminación pondrá fin al «efecto disuasorio» que existía actualmente para que los inversores extranjeros adquiriesen una vivienda en España ya que, como consecuencia de ello, se veían obligados a tributar por este gravamen.

Impuesto obsoleto

El mismo vicepresidente segundo destacó, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la supresión del impuesto favorecería la adquisición de segundas viviendas por ciudadanos no residentes, «en un momento de desaceleración del sector inmobiliario».

Pese a las críticas vertidas durante la campaña electoral por los contrarios a la eliminación del gravamen, Hacienda justifica su supresión argumentando que se ha quedado obsoleto: nació en 1977 con carácter transitorio para alcanzar dos objetivos: ser redistributivo y censal. Pero en la actualidad ya no se cumplen ninguna de estas dos premisas. Por un lado, grava casi exclusivamente el ahorro de las clases medias (las rentas altas tienen productos financieros que eluden el impuesto sobre sus fortunas y las rentas bajas no lo pagan).

Respecto a la obligación de declarar, la Agencia Tributaria dispone ya de sistemas de información y control de los bienes de los contribuyentes que hacen innecesaria la declaración. «En los últimos 30 años se ha avanzado mucho en informatización de registros. La Administración tiene mecanismos suficientes para controlar los bienes y derechos por otros medios sin necesidad de mantener la obligación de declarar», explica Rubén Gimeno, director del Departamento de Estudios del Registro de Economistas y Asesores Fiscales (REAF).