La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha anunciado un nuevo Plan de Control Fiscal para 2012, presentado por el Ministerio de Hacienda. Por el cual pretende reacaudar 8.171,7 millones de euros más. El plan consta de tres tipos de actuaciones: la intensificación en el lucha contra los incumplimientos tributarios, la mejora del control en la fase recaudatoria y la colaboración de la Agencia Tributaria con los organismos fiscales de las comunidades autónomas.

El ministerio dirigido por Cristóbal Montoro estudia limitar el uso de pago en efectivo en determinadas transacciones económicas para reducir el dinero negro, como sucede en Francia e Italia. "Es un elemento muy claro en la lucha contra la economía sumergida y contra el uso de dinero negro en esos pagos. Es una manera muy clarificadora de detectar dónde se están produciendo las grandes bolsas de fraude", señala Sáenz de Santamaría.

Según la vicepresidenta, además, se crearán mecanismos para optimizar la información nueva que se conseguirá de los acuerdos de transparencia fiscal con los antiguos paraísos fiscales (Andorra, Panamá, Bahamoas y Antillas holandesas), al tiempo que se impulsará la firma de nuevos convenios para la erradicación de otros paraísos fiscales.

En el plano de la investigación, la inspección realizará esfuerzos contra actividades sumergidas contando con la colaboración de investigadores de la Seguridad Social y del Ministerio de Trabajo prestando una especial atención en el consumo de energía y saldos de tarjeta de crédito. Asimismo, se podrán tomar medidas cautelares y se controlará el abuso de normas legales como el levantamiento de bienes.

En lo que respecta a la fase de recaudación, se ha pedido un estudio de modificaciones normativas para facilitar la autorregulación voluntaria del contribuyente, la ampliación del ámbito de borrador de IRPF y la declaración electrónica. Sobre la 'autorregulación' voluntaria, Sáenz de Santamaría explicó que se trata de que aquellos contribuyentes a los que la Agencia Tributaria advierta de que han cometido errores u omisiones en sus declaraciones puedan voluntariamente subsanarlos antes de que se les abra un procedimiento, y con la finalidad también de poder reducir recargos o sanciones.