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Su plan fiscal propone recaudar 100.000 millones

Los inspectores de Hacienda piden competencias para controlar las Sicavs

FINANZAS.COM

La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha propuesto un Plan Especial de Actuación de la Administración Tributaria de lucha contra el fraude fiscal, entre cuyos puntos está la atribución legal de la competencia sobre las sociedades de inversión para altos patrimonios, también conocidas como Sicavs.

Según apuntan los inspectores, "la situación de las SICAV constituye la única excepción en la historia de la democracia española en la que Hacienda no ha podido regularizar la situación fiscal de unos contribuyentes que han incumplido de forma reiterada la ley".

Así, esta situación provoca gran desmoralización en los contribuyentes honestos, al comprobar que "hay diferentes varas de medir", a pesar de que en la Constitución se manifiesta que "todos somos iguales ante la Ley".  

Cuando se están subiendo los impuestos a los contribuyentes que sí los pagan, resulta inadmisible la situación de ausencia de control fiscal de las SICAV. En opinión de Inspectores de Hacienda, este es uno de los elementos claves de la falta de conciencia fiscal en España.

Esta medida se enmarca dentro de un Plan Especial de Actuación de la Administración Tributaria de lucha contra el fraude fiscal que permitirá, a juicio de los inspectores, un aporte de ingresos para el Estado y las CCAA sin  coste presupuestario adicional y cuyo efecto recaudatorio cifran en 100.000 millones de euros.

Entre las medidas que apuntan los inspectores, destacan el incremento de los medios humanos en la AEAT, la recuperación de la deuda pendiente de recaudación o la articulación de un plan para luchar de manera efectiva contra el fraude fiscal. En este sentido, los profesionales recuerdan que el objetivo principal del Plan de Prevención del Fraude ha sido el de fomentar el cumplimiento voluntario que - siendo un objetivo loable - no debe hacer olvidar la necesidad de actuaciones para perseguir el fraude fiscal.

Por ejemplo, el Plan de comprobación de los tenedores de billetes de alta denominación (500 euros), a los que se les ha ofrecido la posibilidad de presentar declaraciones complementarias. Con esta actuación, se han quedado sin sancionar las conductas defraudatorias descubiertas con la información obtenida de las entidades financieras.

El fraude fiscal supone entre el 20% y el 25% del PIB

Para los inspectores de Hacienda, las dos únicas vías para reducir el déficit del Estado, cercano al 10% del PIB, no pueden ser únicamente la subida de impuestos o la reducción del gasto público, sino que es preciso poner "todo el empeño" para que los que no pagan sus impuestos lo hagan, lo que tendría un impacto recaudatorio "muy superior" a cualquier subida de impuestos.

De hecho, cifran en 70.000 millones de euros anuales la economía sumergida en España, teniendo en cuenta que, según ciertos informes, el fraude fiscal en el país se sitúa entre el 20 y el 25% del PIB y que la presión fiscal media supera el 30% del PIB. De acuerdo con estos datos, y sabiendo que el periodo de prescripción establecido en la Ley General Tributaria es de cuatro años, los inspectores cifran en aproximadamente 280.000 millones de euros las cuotas tributarias que se dejan de ingresar en cuatro ejercicios.

"La magnitud de estas cifras choca con el importe de 11.000 millones de euros como efecto recaudatorio de la subida de impuestos que pretende aprobar el Gobierno, con la particularidad de que el importe de la subida aprobada va a recaer sobre los que ya están pagando", reza el documento del colectivo de inspectores.

Además, indican que como resultado de las actuaciones realizadas en los años 2005 a 2008 con el Plan de Prevención del Fraude Fiscal, la deuda recuperada se ha cuantificado en unos 28.000 millones de euros que, comparada con el fraude existente (280.000 millones en cuatro años), no llega al 10%.

Dedicar menos inspección a la construcción

Junto con la inspección de estos instrumentos, el plan propuesto por los inspectores de Hacienda contempla medidas para recuperar la deuda pendiente en los tribunales, que cifran en 4.500 millones de euros en lo relativo al delito fiscal y en 6.000 millones la que se encuentra en el Tribunal Supremo, mediante el refuerzo de la plantilla de los servicios jurídicos de la Agencia Tributaria, así como cambiar los sistemas de trabajo de la Inspección, potenciando más la investigación o reorientar los planes de inspección.

En este sentido, creen que, en el contexto actual de crisis en el sector de la construcción, no tiene sentido seguir dedicando el 40% de la plantilla de Inspección al control del sector inmobiliario, teniendo en cuenta además que parte de la deuda encontrada no se puede cobrar, dado que muchas de las empresas de este sector están en quiebra.

Por ello, apuestan por centrar la investigación en la economía sumergida, facturas falsas, testaferros, sociedades 'pantalla' y plan de signos externos (detectar aumentos de patrimonio no justificados).

Además de endurecer el régimen sancionador, incentivar la colaboración ciudadana con y reformar el delito fiscal para que los grandes defraudadores puedan ir a la cárcel, también vuelven a reiterar sus medidas contra el uso de paraísos fiscales, como establecer un gravamen especial del 24% sobre movimientos de fondos en estos estados, no reconocer la personalidad jurídica de las sociedades constituidas en paraísos fiscales o prohibir que las entidades bancarias españolas tengan filiales o sucursales en dichos territorios.

Finalmente, proponen la aprobación de una nueva declaración sobre bienes, derechos y deudas, en sustitución del suprimido Impuesto de Patrimonio. Esta declaración, que no supondría ingresos de cuotas impositivas, sería muy útil, según los inspectores, como elemento de control para la lucha contra el fraude.



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