Según la eléctrica, la compra es perfectamente legal, forma  parte del sistema de libertad de empresa y elimina incertidumbres en  torno a la operación.

El compromiso de venta de Gas Natural e Iberdrola comprende activos de generación y distribución eléctrica de Endesa en España, generación eléctrica en Europa (SNET, en Francia y diversas centrales en Italia) y determinadas áreas de distribución de gas que incluyen 1,25 millones de clientes españoles.

Iberdrola asegura que no hiere la competencia del mercado energético español pues se ajusta a la normativa y a los precedentes existentes en España. La eléctrica insiste en que ni el derecho comunitario ni el español obligan a que las desinversiones de activos se hagan por subasta.

Es más, estima que el acuerdo suscrito el pasado mes de septiembre, supeditado al éxito de la operación, abre nuevas oportunidades para avanzar en la liberalización energética en España, mejorar el servicio eléctrico, acelerar la construcción de nuevas redes de distribución de gas, aumentar la competencia en generación y mejorar el binomio medio ambiente-electricidad. Y todo ello, en su opinión, repercutirá en ventajas para el consumidor y para la economía nacional.