----CATALUNYA.-La Ley del Derecho a la Vivienda de Catalunya prevé obligar a vender los pisos desocupados desde hace tiempo
El conseller de Medio Ambiente y Vivienda, Salvador Milà, presentó hoy el borrador ante unos 400 representantes de los ayuntamientos, promotores, constructores y sindicatos, que le dedicaron un largo aplauso al finalizar su intervención.
Uno de los puntos más novedosos del anteproyecto, que saldrá ahora a información pública para luego ser aprobado por el Consell Executiu, son las medidas para sacar al mercado de alquiler los miles de pisos vacíos que se cree que existen en Catalunya.
Para determinar que un piso está permanentemente desocupado, la Generalitat tendrá en cuenta los datos del padrón, consumos domésticos demasiado bajos o la recepción del correo en otra dirección, por ejemplo.
EL PISO, UN BIEN DE UTILIDAD PÚBLICA.
Milà precisó que "las primeras medidas" para animar al propietario a que ponga su piso en alquiler serán las ayudas para rehabilitarlo o bien las "garantías" de que el inquilino le pagará puntualmente. Al respecto, recordó que 40 ayuntamientos han puesto ya en marcha redes de intermediación social para ayudar a poner de acuerdo a propietarios e inquilinos.
Si estas medidas de apoyo no dan resultado y el piso se encuentra en alguna zona con "fuerte y acreditada demanda residencial", la Generalitat o el Ayuntamiento pueden inscribir el piso en el Registro de Viviendas que no Cumplen la Función Social de servir como residencia.
Esta inscripción comportaría que, "pasado un tiempo", cuando "ya no queden más excusas", se impondrá al propietario "la obligación de venderlo", ya que se considerará el piso como un bien de utilidad pública.
Milà consideró que "el propietario tiene que ver la ley no como una amenaza, sino como una oportunidad de conseguir una renta garantizada" por su inmueble. "No se trata de quitarle un piso vacío temporalmente o que está esperando a que se case un hijo, esto sería absurdo por sí mismo", subrayó.
El conseller aseguró también que "no me consta" la oposición del PSC a esta medida, especialmente tras recordar que la recién aprobada Ley de Urbanismo también prevé la venta forzosa de solares donde no esté previsto construir.
CONTRA EL 'MOBBING' Y LOS 'PISOS PATERA'.
La Ley fija la obligación de los propietarios de garantizar la calidad de la vivienda, un adjetivo amplio que incluye desde los materiales a la adecuada conservación y rehabilitación y a la garantía de que no se intentarán vender como pisos locales que es imposible que obtengan una cédula de habitabilidad --infraviviendas--.
En el caso de la sobreocupación de las viviendas, que sufren especialmente los inmigrantes, Milà explicó que la Generalitat precisará de la colaboración de los ayuntamientos para detectarlo y se establecerán sanciones. Las primeras medidas, sin embargo, "tienen que ser sociales, no se arregla con echar a la gente a la calle", señaló, por lo que los inquilinos se inscribirán en el registro de solicitantes de pisos protegidos.
Por otra parte, obligando al propietario a rehabilitar un inmueble, la Generalitat pretende evitar los casos de acoso para desalojar a inquilinos de renta antigua forzando la declaración de ruina del edificio --'mobbing''--. En estos casos, además, el Gobierno catalán se reserva el derecho a tanteo y retracto para adquirir los pisos manteniendo en ellos a los inquilinos.
Estas medidas se complementarán con la obligación de que los propietarios --individuales o la comunidad de vecinos-- cuenten con un Libro del Edificio que acredite haber superado las necesarias revisiones periódicas.
La Ley tipifica como sanciones muy graves la cesión de uso de pisos que no cumplen las normas básicas de seguridad o que son locales sin las características mínimas para ser considerados viviendas, así como el incumplimiento del deber de conservación de una finca. Las multas podrán oscilar entre los 30.001 y los 300.000 euros.
PISOS PROTEGIDOS DURANTE 90 AÑOS.
Milà precisó que el principal objetivo del anteproyecto, además de luchar contra estos "fenómenos de exclusión social", es "promover la Vivienda de Protección Oficial (VPO)", ya sea a cargo de promotores públicos o privados. Esta voluntad, no obstante, será compatible con el impulso de "un mercado secundario de VPO".
Para ello, la cualificación de un piso como de protección oficial nunca podrá expirar antes de 30 años. En el caso de que se haya construido sobre suelo público o cualificado especialmente para VPO, mantendrá esta calificación como máximo durante 90 años.
REGISTRO ÚNICO.
Con el fin de dotar de "transparencia y eficacia" a los procesos de adjudicación de la VPO, se creará un Registro Único de Solicitantes de Viviendas Protegidas en el que se inscribirán todos aquellos que cumplan los requisitos. Los ayuntamientos podrán introducir sus propios criterios de adjudicación en función de sus particularidades.
Asimismo, se priorizará el sorteo sobre la baremación de los diferentes requisitos. El objetivo, apuntó Milà, es "evitar concentrar en el mismo sitio a las familias con menos recursos", lo que crearía ghettos. Aunque se reservará un número de pisos para los más desfavorecidos, se intentará que "no copen" todas las VPO, ya que el problema de acceso a la vivienda "es general".
Finalmente, el anteproyecto establece la llamada cuota de solidaridad urbana. Todos los municipios que defina el futuro Plan Territorial de Vivienda tendrán que disponer, dentro de 20 años, de un 15% de su parque residencial destinado a políticas sociales.
| 24/Oct/2005 14:35:02 (EUROPA PRESS) 10/24/14-35/05 "
