Así, anunciaron la semana pasada el fin de la era de las reducciones de tarifas en lo que, a la postre, se convertirá en una subida de los precios. Ahora se perfila la adopción de una serie de medidas que reducirán la tan trajinada desregulación del sector a un festín para dos o, como mucho, para tres grandes operadores.

El nuevo ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué ha terminado de desvelar los  pilares en los que se sustenta el plan de choque ideado por el Gobierno para sacar a las telecomunicaciones del estado de colapso en que le ha sumido la coyuntura internacional y la voluble política de su antecesora en el cargo, Anna Birulés.

Las recetas de influyente político catalán son tres: primera, subida de tarifas (o en el mejor de los casos, frenazo en seco de la política de drásticas rebajas anuales) para recuperar los amplios niveles de rentabilidad perdidos; segunda, limitación del número de operadores alternativos (con invitación expresa a la fusión entre los ya existentes) para conformar un panorama oligopolístico; y tercera, control sobre las agresivas políticas comerciales de Telefónica (planes de descuento personalizados, recuperación de clientes desleales, etc), con el fin de facilitar el desarrollo de un fuerte operador competidor de la compañía dominante (o, como máximo, de dos).

En realidad esta tripleta de iniciativas ya se había puesto en marcha desde finales del año pasado cuando la salida de Telecom Italia (TIT.MIL) del grupo Auna hizo saltar todas las alarmas y puso en situación de derrumbamiento el enclenque edificio de liberalización de las telecomunicaciones que, con más pena que gloria, se viene intentado construir desde 1998.

En realidad Josep Piqué, con su indudable habilidad para la comunicación (que el sector ha recibido con alborozo tras dos años de escrutar los significados posibles en los mensajes jeroglíficos de su antecesora), ha sabido resumir con pedagogía los acuerdos que el Gobierno ya había alcanzado con los principales agentes de las telecomunicaciones nacionales, Telefónica incluida, en octubre de 2001.

En aquella coyuntura el propio José María Aznar tuvo que intervenir para lograr que el Banco Santander Central Hispano (MCE.SAN), y su presidente, Emilio Botín, acudieran al rescate del proyecto de segundo operador que se hundía irremediablemente por la huída de los italianos y las dificultades financieras de Endesa (MCE.ELE) y Fenosa (MCE.UNF).

COMIENZA UNA NUEVA FASE

A punto de cumplirse los cuatro primeros años de liberalización total de las telecomunicaciones en España, el panorama cambia ahora radicalmente. Se pasa de un modelo de brutal competencia en precios (que la propia Administración alimentaba con un exigente "price cap"), a una situación de mayor libertad de las operadoras que se traducirá en una estabilización o incluso a una ligera tendencia al incremento en la evolución de las tarifas.

Se pasa de un período en el que las intensivas inversiones en red obligaban a insistentes aportaciones económicas de los accionistas, vía ampliaciones de capital o endeudamiento, a una situación en la que la política comercial ocupará la primera línea de fuego.

Se pasa de una fase en la que los intereses de Telefónica eran, en última instancia, determinantes de la política del Gobierno en telecomunicaciones, a un período en el que la empresa que preside César Alierta deberá aceptar limitaciones a su hasta hoy desbocada política de contraataque frente a cada iniciativa de marketing de sus competidores.

Se pasa, en fin, de un período en el que cualquier emprendedor podía soñar, e incluso embarcarse (consiguiendo la financiación necesaria) en el proyecto de creación de un nuevo operador de telecomunicaciones (actualmente quedan todavía 68 empresas de telefonía fija en España), a una situación en la que sólo se deja hueco al operador dominante y un gran competidor. Auna tiene todas las papeletas para convertirse este segundo protagonista.