Es muy simple ahora, a la vista de la necesidad de acogerse a las ayudas del FROB o del descubrimiento de las fuertes indemnizaciones que han percibido alguno de sus antiguos ejecutivos, culpar de ello al Banco de España. Ciertamente la entidad reguladora no es ajena a la situación, aunque lo más preocupante en este caso es comprobar su impotencia para haber evitado un proceso que sólo podía llevar a la situación actual. Desde su nacimiento Nova Caixa Galicia ha sido un proyecto de marcados tintes políticos desarrollado en un momento en el que se trataba de alejar toda tentación política del ámbito financiero.

NovaCaixaGalicia fue, desde su origen y al iniciarse la reestructuración del sector, un proyecto  político del presidente de la Comunidad gallega, Núñez Feijó, que vio en el proceso de reestructuración de las cajas españolas una oportunidad para constituir una gran entidad gallega, que fuera por recursos la cuarta caja de ahorros española. El Banco de España y el Gobierno mostraron con frecuencia su apuesta porque Caixa Galicia y Caixa Nova (la antigua Caixa de Vigo) tuvieran su futuro en dos proyectos distintos. Sin embargo, la Xunta se mostró activa en contra de cualquier proyecto que no supusiera la creación de una entidad gallega. Para ello tuvo que salvar una serie de dificultades.

Fue tanta su voluntad e insistencia que consiguió que el Banco de España cediera. Probablemente y a la vista de lo sucedido, el Banco de España no debió hacerlo, pero en aquellos momentos su gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordoñez estaba decidido a no entrar en ningún conflicto político, convencido de que los hechos no tardarían en imponerse sobre los caprichos y tentaciones políticas. Fernández Ordoñez, sin embargo, tuvo que escuchar como el presidente de la Xunta le criticaba de no ser neutral y de ser una correa de transmisión del gobierno de Zapatero.

El proyecto de "crear un potente instrumento financiero que contribuya al progreso económico y social de Galicia" debió vencer también la resistencia de uno de los responsables de las cajas implicadas. El entonces presidente de Caixa Nova Galicia, Julio Fernández Gayoso,  se opuso hasta el último momento, llegando a provocar un cierto malestar en el presidente de la Xunta de Galicia ya que su actitud hizo peligrar durante un tiempo su sueño financiero. Finalmente, Fernández Gayoso aceptó y pasó a convertirse en presidente de la nueva entidad gallega durante los primeros 18 meses.

El otro protagonista de la operación, el director general de Caixa Galicia, José Luís Méndez López, se jubilaría concluida la operación, dejando, sin embargo, a su hijo José Luís Méndez Pascual, como consejero delegado de la corporación financiera y empresarial de la nueva y gran entidad gallega. El 5 de julio último llegaría a un acuerdo con la entidad para abandonar su puesto.

Conseguido el acuerdo entre las dos cajas, se inició la fusión que supuso, de entrada y dada la coincidencia geográfica de las dos entidades, el despido de algo más de 1.200 trabajadores. Si estas entidades hubieran sido incorporadas en proyectos distintos no habría sido necesario, sin duda, un número tan grande de despedidos porque habría habido menos coincidencia de oficinas. Es verdad, sin embargo, que la nueva entidad fue generosa con las indemnizaciones.

A partir de ese momento, la Xunta de Galicia se dedicó a la busca y captura de inversores para cubrir la recapitalización de la entidad. Se intentó incluso tratar de implicar a empresarios gallegos para que con sus aportaciones hicieran posible el sueño financiero. Sin embargo, la situación de los mercados ha jugado a la contra en todo momento y ha impedido encontrar inversores. En medio de esas dificultades,la responsable de economía de la Xunta de Galicia arremetió contra el Gobierno y el Banco de España al señalar que sus necesidades de capitalización se habían incrementado debido a que se les exigió utilizar una buena parte de sus recursos para hacer provisiones innecesarias.

Durante los últimos meses y desde la constitución oficial de la entidad, el 18 de octubre de 2010, los ejecutivos de la entidad han hecho y deshecho a su antojo fijándose indemnizaciones en un ambiente "de lo peor de lo peor", mientras la Xunta se ocupaba de los flecos políticos de la operación y el Banco de España trataba de no inmiscuirse en exceso para no recibir mayores acusaciones.

Vencido el plazo sin haber encontrado inversores ha sido necesario recurrir al dinero público para capitalizar la entidad. Tras la toma de capital, a cambio del dinero público inyectado,las dos cajas de ahorros gallegas contarán sólo con algo menos del 7 por ciento del capital del nuevo banco gallego. Insuficiente para ejercer la influencia en sus decisiones estratégicas, insuficiente para abastecer de recursos a la obra social de ambas entidades, insuficiente para poder hablar de entidad gallega. Pero, seguramente el sueño de Núñez Feijó pervive: la esperanza es que el FROB, que no tiene vocación de permanencia en la entidad, venda en breve su participación a unos inversores que todavía crean en un proyecto financiero gallego. Por otro lado, no se oculta la esperanza de que un más que posible cambio político el 20-N le ponga más fácil las cosas a este penúltimo proyecto político de una caja de ahorros.