¿Dónde está la transparencia de las empresas públicas?

Existen dudas más que razonables en los últimos días sobre la transparencia del plan de rescate del gobierno español y sobre quién y cómo va a auditarlo y garantizar sus objetivos. Sin embargo, no se trata de un problema puntual o de unas cuentas concretas. El hecho es que sólo están auditadas el 5,05% de las entidades públicas españolas. De éstas, el 66% son estatales, el 29% autonómicas y sólo el 1% locales.

Para que se hagan una idea, en el sector privado se realizaron 65.687 auditorías a lo largo del ejercicio 2007, según datos de la Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público (FIASEP) y el Registro de Economistas Auditores, REA, del Consejo General de Economistas.

El asunto es más grave de lo que parece. Si los ciudadanos tenemos que apretarnos el cinturón y gestionar con mimo nuestras cuentas en tiempos de crisis, cuánto más deberíamos exigir a quienes gestionan las cuentas públicas. Seamos sensatos, ¿quién nos garantiza que los gestores de nuestros dineros públicos son competentes? Aún más, ¿Quién nos garantiza que son honrados?

En Alemania y en el Reino Unido ya se produjo hace tiempo un cambio legislativo que obligaba a las entidades del sector público a auditarse ¿Por qué no aprovechamos nosotros la imperiosa necesidad de ser transparentes que requieren estos tiempos de penuria y modificamos nuestras leyes? ¿O es que hay miedo a que otros certifiquen la validez de nuestras cuentas?

Vamos a abrir las ventanas y que se airee todo. Transparencia, señores. “La mujer del César no sólo ha de ser honrada, sino parecerlo”, y convendrán conmigo que en lo que toca a las cuentas públicas hay que ser honrado, parecerlo… y demostrarlo. Y no es ese el caso español.