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BRASIL ENERGÍA

Nueva hidroeléctrica de Iberdrola en Brasil entra en operación en diciembre

Agencia EFE

La hidroeléctrica de Baixo Iguaçu, situada en el sur de Brasil y construida y operada por un consorcio liderado por Neoenergía, subsidiaria de la española Iberdrola, entrará en operación en diciembre de este año, dijeron hoy a Efe sus responsables.

La planta, que exigió inversiones por 1.600 millones de reales (unos 432,4 millones de dólares), está situada casi al final del curso del río Iguaçu y entre Capanema y Capitao Leonidas, municipios de Paraná, estado de sur de Brasil fronterizo con Argentina y Paraguay.

La hidroeléctrica, responsabilidad del Consorcio Emprendedor de Baixo Iguaçu, forma parte del proyecto con el que Brasil apuesta por aumentar el uso de energías renovables y, en este caso, "busca potenciar" los recursos hídricos del país.

José de Anchieta dos Santos, director presidente de la hidroeléctrica, explicó a EFE que el sistema lo conforman nueve compuertas y tres generadores y que comenzará a operar en diciembre con la entrada en funcionamiento de la primera turbina, y a partir de 2019 se ejecutarán las dos restantes.

La potencia de la hidroeléctrica es de 350 MW, lo que generará la energía suficiente para abastecer a una ciudad de un millón de habitantes.

El consorcio constructor de la obra lo conforman la compañía energética pública Copel (30 %) y Neoenergia (70 %), la mayor empresa privada eléctrica de Brasil y controlada por Iberdrola.

Anchieta dos Santos explicó que "cerca de 4.000 trabajadores, el 70 % gente local", participaron en el proyecto a lo largo de la construcción de la obra, aunque cuando esté finalizada calcula que "la plantilla estará formada por 60 personas".

"Quisimos dar prioridad a la gente local y fomentar el empleo en la zona, por lo que la mayoría de los trabajadores eran naturales de Capanema y Capitao Leonidas", apuntó Anchieta dos Santos.

De acuerdo con el ejecutivo, el impacto medioambiental del sistema fue estrictamente evaluado durante todo el proceso de edificación debido a su ubicación a sólo 700 metros del límite del Parque Nacional Natural de Iguaçu y a 174 kilómetros de las cataratas del Iguaçu.

Guillerme Miranda de Siqueira, el gerente de medio ambiente de la planta, subrayó que "todo fue muy observado" y aunque la localización paralizó en un momento el proceso de construcción de la obra por la proximidad al área protegida del parque, el consorcio constructor consiguió el permiso ambiental necesario al dar "prioridad a la educación, la sanidad y la seguridad en la zona".

Para cumplir las exigencias para la licencia, el consorcio puso en marcha 37 programas sociales y ambientales, que abarcan diversos aspectos como la generación de empleo local o la protección ambiental.

"Se buscó paliar posibles impactos en la zona debido a la implantación del emprendimiento", afirmó Miranda de Siqueira.

Asimismo, el gerente ambiental de Neoenergia apuntó que "se construyeron puestos veterinarios en las inmediaciones de la obra para atender a los animales que hayan sufrido algún tipo de daño" y se "impartieron cursos de medio ambiente a los trabajadores".

Como consecuencia de la construcción de la obra, las familias que vivían en las inmediaciones de la zona tuvieron que ser reubicadas, por lo que el consorcio emprendedor ejecutó un programa de reasentamiento que consistió en la transferencia de 600 familias.

Anchieta dos Santos explicó que el proceso se ejecutó "según el registro oficial de moradores de la zona del año 2012" y en total han sido "cerca de 600 familias" las afectadas.

Para llevar a cabo el plan de reubicación había tres opciones: una indemnización; un reasentamiento, por el que el afectado escogía una vivienda ya construida ofrecida por la empresa; o un alto reasentamiento; por el que escogía una vivienda en construcción para que la familia pudiese participar en el proceso.

Adriano Baurre, uno de los afectados, explicó a EFE que su familia "cambió los derechos de la tierra en la que vivía antes de la construcción de la obra al consorcio empresarial por los derechos del nuevo lote".

Cada lote construido está formado por unas tierras donde se puede cultivar, debido a que la mayoría de los afectados son agricultores, y una casa, con una extensión aproximada de 16 hectáreas y supuso una inversión por parte del consorcio de "un millón de reales" (unos 270.270 dólares), apuntó Anchieta dos Santos.

Según Baurre, el proceso de adaptación en el nuevo hogar fue "fácil" y lo más complicado de la reubicación fue "llegar a un acuerdo por la situación de la nueva tierra".

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