17 de Noviembre, 13:07 pm

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CLM-TIERRAS RARAS

Plataforma presenta un borrador para regular la minería tierras raras en CLM

Agencia EFE

La plataforma "Si a la Tierra Viva", que se opone al proyecto de minería de tierras raras en el Campo de Montiel (Ciudad Real), ha presentado a los tres grupos de las Cortes regionales un borrador de proposición de ley para regular esta actividad en Castilla-La Mancha.

Según ha informado hoy en una nota de prensa la plataforma, el documento fue presentado el pasado viernes en sede parlamentaria a los diputados David Llorente (Podemos), Lola Merino (PP) y Blanca Fernández (PSOE), por una delegación que encabezaba la abogada del colectivo María Carmen Morallón.

Con esta iniciativa se pretende que la tramitación parlamentaria de la proposición de ley sobre minería de tierras raras, cuyo primer borrador ha sido elaborado por el equipo jurídico de la plataforma, cuente con el mayor respaldo político posible, ha añadido.

Asimismo, ha indicado que el borrador también será expuesto a la consideración de otros colectivos sociales para que realicen sus aportaciones.

En la exposición de motivos, la proposición de ley reconoce la dependencia del ser humano de la tecnología, así como de los recursos minerales de los elementos de tierras raras y, por otro lado, la necesidad de control de este tipo de minería para evitar el deterioro de los restantes recursos naturales así como los graves efectos medioambientales y socioeconómicos.

La plataforma ha recordado que estos efectos negativos fueron reconocidos por las Cortes regionales mediante una resolución aprobaba en febrero del año pasado, basada en informes científicos internacionales, y en la que instaba al Gobierno regional a elaborar una ley específica sobre minería de tierras raras.

Para ello, se contempla el establecimiento de medidas complementarias en el régimen jurídico del desarrollo de toda actividad minera de tierras raras, así como la actividad administrativa de control y supervisión, incluidas las tareas de restauración.

En este último aspecto, en la proposición se incide en que hay que dedicar especial atención a integrar dichas actividades en condiciones de sostenibilidad y seguridad con la protección de la salud, el medio ambiente y el paisaje, en el marco de las competencias atribuidas al Gobierno de Castilla La Mancha.

También insiste en diseñar la actividad minera de tierras raras con mentalidad 3R (reducir, reciclar y reutilizar), lo que contribuirá a reducir costes, aumentar la eficiencia en el consumo de materiales y energía y una menor generación de residuos.

El documento establece como requisito que las empresas extractivas que promuevan proyectos deberán acreditar adecuadamente solvencia económica financiera, técnica y científica, y deberán contar con suficientes recursos para atender las eventualidades y daños que pudieran surgir a través de en un 65 % del presupuesto de actividad que pretenda acometer.

A su vez, la persona titular de cualquier derecho minero deberá suscribir un seguro de responsabilidad civil, al objeto de hacer frente a los daños que puedan causar a las personas, los animales, los bienes o el medio ambiente.

Se delimitan también en el texto unas zonas con restricción total para la minería de tierras raras y otras con restricciones medioambientales compatibles con la actividad minera, estableciendo unos perímetros de protección a espacios naturales protegidos, núcleos urbanos, edificios singulares o parques arqueológicos.

Además, el borrador aboga por que la actividad extractiva de tierras raras será objeto de plan estratégico por parte de la Consejería correspondiente dada la diversidad de intereses y derechos, así como la implicación de varias administraciones y deberá ser sometida evaluación ambiental estratégica.

Por otra parte, se plantea que las solicitudes presentadas antes de que la ley entrara en vigor, el caso de que la proposición prosperaras, deban de continuar tramitándose de conformidad con la normativa anterior.

Pero deberán de ser objeto revisión en cuanto a la acreditación de la solvencia económica de la empresa promotora a fin de prever la posible responsabilidad medioambiental, plantea la plataforma.

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