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bonos de fidelización

Las claves de la oferta de Santander para compensar a accionistas de Popular

J.A.Bravo

Banco Santander ya ha decidido como compensará a los accionistas minoritarios del Popular, aunque solo a los más fieles. Los beneficiados por esta iniciativa serán quienes, cumpliendo la condición previa de ser usuario de una de las dos entidades y no haber reducido su vinculación tras ese fiasco, acudieron a la ampliación de capital realizada entre el 26 de mayo y el 21 de junio de 2016 -antes de que comenzaran a conocerse sus primeros problemas graves-, y también quienes adquirieron obligaciones subordinadas entre julio y octubre de 2011.

El coste máximo de esta «acción comercial» destinada a «fidelizar clientes minoritarios de sus redes», como la define de manera expresa el grupo, se estima «en el momento de su concesión» en «aproximadamente» 680 millones de euros. El Santander apunta que dicho importe «no tendrá impacto adicional» en su capital respecto a lo anunciado en semanas previas; solo en su patrimonio neto en 2017 y «no será significativo».

Quedan excluidos de esta oferta los consejeros del Popular antes de su resolución por las autoridades europeas el 6 de junio, junto a cualquier otra persona «vinculada» a ellos. Pasa igual con «los accionistas que individual o concertadamente hayan tenido una participación significativa» en el banco, entre quienes destacan el mexicano Antonio del Valle, la familia chilena Luksic (titular del 3,45% hasta la caída) o la Sindicatura de accionistas (9,6%).

Según la información remitida este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cada uno de esos minoritarios, particulares y empresas recibirán «sin desembolso alguno por su parte» una serie de bonos denominados «de fidelización», que a su vez darán derecho a un cupón efectivo «discrecional y no acumulativo a un tipo interés nominal anual del 1%» abonable cada trimestre. Serán obligaciones perpetuas emitidas por el propio Santander, con un valor nominal de 100 euros y amortizables a partir de los siete años pero solo a voluntad de la propia entidad, y «previa autorización del Banco Central Europeo».

Pero, ¿cuánto será el importe a compensar? El banco hace aquí dos distinciones. Para los accionistas, la suma «efectivamente invertida» por cada uno. En el caso de las obligaciones subordinadas, al dinero empleado se le restarán los intereses recibidos. Eso sí, en ambos escenarios se requiere que las tuvieran depositadas en el grupo Santander o el Popular antes de su resolución.

Devolución por tramos

Asimismo, la entidad que preside Ana Botín establece un tope no compensable de un millón de euros por cliente minorista. De hecho, la cantidad a recibir será claramente inferior al establecer tres tramos progresivos (a imagen inversa del IRPF) por debajo de esa suma. De esta manera, quienes invirtieron hasta 100.000 euros obtendrán la totalidad del dinero, mientras que para el tramo entre 100.000 y 500.000 será el 75%; y ya para las cuantías de entre medio y un millón quedará en el 50%.

De esta forma, la devolución máxima para cada cliente accionista o subordinado sería de 650.000 euros. No obstante, el Santander calcula incluso que el 99% de los que acudió a la ampliación de 2016 invirtió menos de 100.000 euros, de manera que «la gran mayoría recibirá bonos por el total que invirtió».

Se estima que 110.000 clientes podrían beneficiarse de esta compensación. Eso sí, el banco les exige que antes «renuncien a acciones legales» contra el grupo, sus administradores, directivos o empleados, «que deriven o están vinculadas a su condición actual o pasada» de accionista del Popular, bonista o similar.

El resto de los inversores habrán perdido su dinero, con arreglo a la decisión tomada por las autoridades europeas, declarándolo insolvente y vendiéndolo por un simbólico euro. Solo les quedará la vía de reclamar a los tribunales. La mayoría lo está haciendo en vía civil, aunque también hay querellas penales e incluso un recurso contencioso-administrativo presentado también este jueves por la OCU, al considerar que la decisión tomada por el FROB de vender por un euro el Popular al Santander -siguiendo instrucciones de la Junta Única de Resolución (JUR) europea- es contraria a derecho.

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