Vocento 15 años 15 de Diciembre, 07:23 am
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operaciones corporativas

El 'ladrillo' despista al comprador de Popular

J.M.Camarero

Los bancos, reticentes a comprarlo hasta que no aclare sus 36.000 millones en activos improductivos

Tiempo. Eso es lo que necesitaba Banco Popular para aclarar su futuro. Pero el tiempo vale dinero y, sobre todo, le ha costado una incertidumbre que ha destrozado su cotización: en esta última semana ha perdido un 38% de su valor, hasta llegar a rozar los 0,4 euros por título. El mercado ya advierte de que ni este ni ningún otro valor podría aguantar otras cinco sesiones más en esa coyuntura tan débil.

Y ahí radica el problema al que se enfrenta la que es, por ahora, sexta entidad financiera de España. Varios bancos han estado interesados en hacerse con una corporación líder entre las pymes -tiene un 18% de cuota de mercado- y un negocio puramente bancario que sigue dando beneficios -180 millones hasta el primer trimestre-. Pero al mismo tiempo, quien ose a adquirir el grupo presidido por Emilio Saracho, tiene que asumir unas cargas de tal envergadura que retraen cualquier posibilidad de lanzar una OPA.

El área inmobiliaria es el colesterol que está obstruyendo las venas de la entidad. Hasta marzo, las actividades ligadas al 'ladrillo' registraron unas pérdidas de 317 millones; sus activos improductivos -créditos impagados más activos inmobiliarios problemáticos- alcanzan los 36.000 millones, superando ampliamente con los que cuenta la competencia; el ratio de impagos vuelve a aproximarse al 15%, el doble que la del sector...

Lo peor no son tanto estas cifras sino, sobre todo, la nebulosidad que tapa buena parte de la realidad de los estados financieros y su balance. «Mantienen una actitud muy hermética que asusta al mercado y al resto del sector», indica Álvaro García Capelo, de XTB. Para Felipe López Gálvez, de Self Bank, «hay aspectos que pueden reportar sorpresas negativas al supuesto comprador, como la dificultad de valorar con exactitud el balance». En esa tarea se está esforzando el nuevo equipo gestor, capitaneado por el consejero delegado, Ignacio Sánchez Asiaín. El 'número dos' de Popular reconoció poco después de tomar posesión que la firma «genera falta de confianza», y reconoció que el mercado tiene dos preguntas en mente: qué cuantía hace falta para acelerar la desinversión de activos problemáticos; y cuánto supone la actividad principal. «No hemos sido capaces de explicarlas de forma coherente», admitió. «Lo haremos en las próximas semanas», anticipó.

Pero transcurridos casi dos meses desde aquella afirmación, las dudas se han ido incrementando. La ampliación del plazo que se había autoimpuesto Popular a la espera de algún comprador ha supuesto otro varapalo más para la competencia.

El estigma de la ayuda pública

Fuentes del sector financiero consultadas por este diario reconocen la dificultad que tiene ahora la entidad para desaguar parte de los inmuebles y suelo que tiene en cartera y que suponen el principal escollo ante cualquier operación de compra. Habría sido diferente -indican estas mismas fuentes- si Popular hubiera acudido en su momento a la Sareb -el banco 'malo'- para desentenderse de parte de este lastre.

Sin embargo, la anterior dirección no quería contar con el 'sanbenito' de haber usado esta vía a la que accedían las entidades con problemas y las que se beneficiaron de ayudas públicas. Ahora, podría ser demasiado tarde para hacerlo porque sería necesario cambiar la ley -a la Sareb solo pueden acudir bancos que hayan recibido ayudas públicas- y la propia sociedad todavía acumula más de 42.000 millones en créditos e inmuebles para vender.

El otro flanco con el que debe capear el posible comprador de Popular es aún mucho más complejo. Se trata de las demandas judiciales a las que podría tener que hacer frente el grupo derivadas de las minusvalías registradas entre los accionistas que han acudido a las últimas ampliaciones de capital.

La última de estas operaciones se realizó hace ahora un año, cuando el banco puso sobre la mesa la necesidad de captar 2.500 millones. Una buena parte de esa ampliación fue a parar a los minoristas. Y ya existen antecedentes de pequeños inversores perjudicados por operaciones bursátiles -la salida a Bolsa de Bankia es el último ejemplo- con impacto en las cuentas de la entidad al tener que resarcirles por las inversiones realizadas.

A ello se suman las posibles reclamaciones que le pueden llegar a Popular por la comercialización de las cláusulas suelo. La entidad sostiene que son legales, pero muchos jueces ya no les dan la razón.

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