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ARA-TÉRMICA ANDORRA

Aragón insta al Gobierno a que aclare su voluntad sobre la térmica de Andorra

Agencia EFE

La consejera de Economía de Aragón, Marta Gastón, ha instado hoy al Gobierno a "clarificar" su voluntad respecto al futuro de la central térmica de Andorra (Teruel) y a manifestar "si quiere o no quiere que continúe funcionando más allá del 30 de junio de 2020".

Con esta afirmación, la consejera ha salido al paso de la manifestación hecha hoy tras el Consejo de Ministros por el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, quien ha asegurado no tener constancia de que el titular de la cartera de Energía, Álvaro Nadal, esté elaborando un decreto para subastar la central por un euro.

Gastón, tras referirse a unas recientes declaraciones de su homóloga en Castilla y León, Pilar del Olmo (PP) en las que aseguraba que Nadal estaba preparando decretos para las térmicas de Teruel y León, ha insistido en la necesidad de que el Gobierno aclare su posición.

Ha destacado que la posibilidad de un decreto ley para subastar la térmica de Andorra, propiedad de la italiana Enel, "nos parecía extraña y no entendíamos si lo que se pretendía era amedrentar a la empresa".

La consejera ha explicado que dispondrá de una "magnífica oportunidad", en la reunión que tiene programada con el ministro Nadal próximo miércoles, de pedir explicaciones y reclamar, en el caso de que exista, del borrador del supuesto decreto.

"Lo que pretendemos -ha subrayado- es que no jueguen con la incertidumbre y preocupación no sólo del Gobierno de Aragón sino, sobre todo, del territorio y de sus gentes".

Tras destacar que después de las manifestaciones de Méndez de Vigo "esto suena a cachondeo con el territorio", Gastón ha insistido en su interés por conocer la verdadera voluntad del Gobierno respecto a la térmica andorrana.

Se ha mostrado convencida, además, de que el decreto no servirá "para nada", y ha destacado que desde Aragón se reclama que la supuesta voluntad del Gobierno con la central se manifieste solicitando a Bruselas la declaración de las instalaciones como "reserva estratégica".

Ha cuestionado, por otra parte, el interés que podría suscitar la venta por un euro de una infraestructura que requiere de una inversión de 180 millones de euros para adaptarse a la directiva exigida por la UE, más todo lo referido a su mantenimiento.

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