La Comisión Europea (CE) cree que la participación del 12,1 % de BFA-Bankia en el capital de IAG, grupo integrado por Iberia y British Airways, y del 5,37 % en Iberdrola no tiene por qué ser problemática dentro del marco de nacionalización, siempre que las empresas tengan "capacidad de decisión autónoma".

El comisario europeo de Competencia, el español Joaquín Almunia, explicó en sendas respuestas a dos preguntas parlamentarias recientes que, "aunque los Estados miembros tengan participación de control en distintas empresas, estas pueden considerarse independientes si guardan una capacidad de decisión autónoma".

Almunia respondió en estos términos a las cuestiones formuladas por el eurodiputado de CiU Ramon Tremosa en las que plantea si la esperada inyección de dinero público a BFA-Bankia supondría problemas de competencia, si se tiene en cuenta la participación de la entidad en International Airlines Group (IAG) y que el Estado se haría con dicha participación en la operación.

También cuestiona el hecho de que el Estado ya posee participaciones de otras empresas del sector energético a través de la SEPI, como es el caso del 20 % de Red Eléctrica y el 5 % de Enagás.

Tremosa también preguntó por el caso de Catalunya Caixa y NovacaixaGalicia, con participaciones en Gas Natural y Sacyr, que a su vez tienen participaciones en otras empresas energéticas.

"Si la participación del Estado español no es de control o si las empresas mantienen una capacidad de decisión autónoma, no se plantea problema alguno en relación con la normativa sobre concentraciones", insistió Almunia.

El comisario explicó, no obstante, que si estas condiciones no se cumplen puede que las adquisiciones sí deban ser notificadas a Bruselas.

Recalcó que, "si se concluyera que la concentración traba considerablemente la competencia efectiva, pueden exigirse medidas correctoras" para que la operación sea compatible con el mercado común.

Almunia dijo no estar en condiciones de entrar en los detalles del caso Bankia, pues se trata de un asunto en curso, pero recordó que Bruselas siempre exige tres premisas: un plan creíble de vuelta a la viabilidad, que el coste para el Estado se redujera al mínimo necesario y se garantizara un reparto adecuado de las cargas, y que se limitara el impacto negativo sobre la competencia.

Bankia reveló en mayo unas necesidades de capital mayores de lo previsto y solicitó una inyección de capital público de 19.000 millones de euros, que se suman a los 4.465 millones que ya había inyectado el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), cuando nació la entidad.