Desde el mes de febrero y, de forma escalonada, la empresa dejó de pagar los intereses pactados por la compra de pagarés de Nueva Rumasa (que ofrecían rentabilidades anuales de entre el 8 y el 10 por ciento), sin dar ninguna explicación a sus inversores. "Suscribí la segunda emisión de pagarés de Nueva Rumasa. Tenía que haber cobrado los intereses en abril, pero ya no me los han abonado. No se han puesto en contacto conmigo para comunicármelo por ninguna vía", afirma uno de los afectados. Desde ayer, no obstante, muchos de ellos han comenzado a recibir cartas bajo la firma de la empresa en la que les ofrecen cobrar el capital invertido en pagarés si la familia logra una indemnización por la expropiación de Rumasa en 1983. Desde la compañía destacan, no obstante, que se trata de una garantía más para los bonistas pero que, en ningún caso, supone renunciar a cobrarlos de las sociedades que los emitieron, como apuntan varios medios de comunicación hoy.

Según un portavoz de Nueva Rumasa, el Estado le debe a la compañía 118.000 millones de euros, por "la injusta expropiación de bienes realizada en el año 1983". Desde la empresa de los Ruiz Mateos tienen la esperanza de recuperar, si no todo, sí parte de ese capital, lo que les permitiría cumplir con sus bonistas y devolverles el capital depositado (104 millones de euros, según sus cálculos). Las mismas fuentes comentan, por ejemplo, que el "caso Galerías Preciados" está muy avanzado y que podría ayudarles a compensar a sus inversores de pagarés. "Es un caso factible y claro por el que la familia Ruiz Mateos podría recuperar 6.000 millones de euros. Está pendiente de resolución en la sala 3 del Tribunal Supremo", comentan desde Nueva Rumasa.

Desde fuera de la compañía, por su parte, los expertos creen que hay pocas posibilidades de que los inversores recuperen algo. Hasta ahora, la justicia ha ido dando la razón al Estado y no hay motivos para pensar en un cambio radical en este sentido.
 
La última hora del grupo justifica también la visión pesimista de acreedores, inversores, trabajadores y proveedores: once empresas están ya en concurso de acreedores (Helados Dhul, Carcesa, Menorquina, Cacaolat, Hibramer, Zoilo-Ruiz Mateos, Bodega Teresa Rivero, Garvey, Bodegas Valdivia, Unión de Grandes Bodegas, Elgorriaga). En otras dos (Clesa y Trapa) está solicitado el concurso, que podrían admitir los jueces en los próximos días. Por su parte, Hotasa continúa en preconcurso de acreedores, a punto de agotar el plazo (cuatro meses) para buscar una solución que dé viabilidad a la empresa. "Al margen de estas compañías, otras 103 empresas continúan con su actividad con normalidad", comentan desde Nueva Rumasa, conglomerado compuesto por 117 sociedades.