Preste atención a los nuevos contratos con operadoras, energéticas y bancos

Septiembre es uno de los mejores meses para aprovecharse del aluvión de ofertas comerciales en servicios como telefonía, electricidad o finanzas, entre otros. Pero también puede ser el inicio de un largo camino de quejas y reclamaciones, si no vigila los aspectos clave de los contratos que firme ahora, y que le pueden vincular durante mucho tiempo a una compañía.

Aunque la legislación española es cada vez más estricta para evitar abusos, algunas empresas utilizan el reclamo comercial de los precios bajos para «tapar» determinadas cláusulas.

El móvil, lo más conflictivo. Las empresas de telecomunicaciones acaparan hasta un tercio de las quejas que realizan los usuarios, según los últimos datos de la asociación de consumidores Facua. Le siguen, muy por detrás, las de otros sectores, como el de los servicios bancarios o seguros.

Uno de los problemas que más se registran entre los usuarios de móviles, telefonía fija o Internet es el de la facturación. Por ello, la Carta de Derechos del Usuario de Telecomunicaciones obliga a la empresa a comprometerse en los contratos a desglosar todos los servicios facturados.

Antes de firmar un documento, debe asegurarse de que no existe un periodo mínimo de contratación del servicio ni un vínculo entre la oferta comercial (el móvil de última generación, por lo general) y el propio contrato (hasta 18 meses de permanencia, habitualmente).

Además, con el servicio de alta en la mano, la empresa no puede realizar modificaciones en las tarifas «si no están expresamente previstas por anticipado en el contrato», según la Carta de Derechos.

Ahorro eléctrico

Las promociones para cambiar de compañía energética se incrementan a medida que se acerca el otoño. Cualquier hogar puede traspasar su contrato desde el mercado regulado (en el que el Gobierno fija los precios) al liberalizado. Aunque la oferta pueda ser llamativa (existen descuentos de hasta el 15 por ciento por cambiarse de compañía), el peligro en estos casos se encuentra en los plazos: como mínimo, deberá permanecer en el mercado libre durante un año. Y si optase por volver al regulado antes de que concluya ese periodo, la empresa le aplicará un 5 por ciento de recargo sobre la energía no suministrada en el periodo que reste hasta los 12 meses.

También es importante asegurarse sobre qué concepto se aplica el descuento ofertado:  puede ser sobre el total de la tarifa o sobre una parte de ésta (la potencia o el consumo). «Hay que observar bien las condiciones que se firman», advierten desde la Comisión Nacional de Energía.

Depósitos con «trampa»

Tampoco se libran de sorpresas los ciudadanos que optan por contratar algún producto financiero en el inicio del curso. Bancos y cajas redoblan esfuerzos estos días para atraer a nuevos clientes con depósitos muy atractivos.

Las materias más reclamadas en el ámbito financiero están relacionadas con el cálculo de la cuantía de los préstamos hipotecarios y de consumo, según indican en el Banco de España. Para evitar sorpresas en la cuantía final que se va a pagar en una hipoteca, desde Adicae recomiendan tener en cuenta algunos aspectos, como la Tasa Anual Equivalente (TAE), que es diferente al interés nominal anunciado en estos productos; las posibles comisiones (cancelación parcial o total, etc.), que también deben aparecer reflejadas en los contratos; y la posible vinculación de la oferta con la contratación de otros productos para que el precio final del producto sea realmente la que se anunciaba inicialmente.

Cursos transparentes

Las enseñanzas no regladas también hacen su particular agosto durante estos primeros días del curso escolar.

Desde el Instituto Nacional de Consumo recomiendan que, antes de firmar un contrato con estas empresas, se acuda al centro de enseñanza para obtener información sobre el contenido del curso, material, duración, etc.

Además, las condiciones económicas «pueden ser negociadas», indican en Consumo, donde aconsejan evitar el pago por adelantado de todo el curso.

Compras «on-line»

En el caso de que realice alguna compra o se haga con un servicio mediante Internet, los contratos virtuales «no pueden tener una protección menor de lo que le dispensa la normativa vigente en las formas de comercio tradicionales», según indica la Directiva 2000/31 de la Unión Europea.

En estos casos, los bienes o servicios que se pongan a disposición de los consumidores deben ser seguros y llevar consigo la información correspondiente. Además, no podrán existir cláusulas abusivas por el hecho de que sean contratos «on-line», ni la empresa podrá negar cualquier reclamación o devolución.

Reclamaciones

Si, a pesar de las precauciones, se siente perjudicado, puede reclamar mediante el formulario de la Oficina de Consumo de su localidad; en las hojas de reclamaciones del establecimiento; o, en su caso, en el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Dirección General de Seguros, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, la Agencia Española de Seguridad Aérea, las Juntas Arbitrales de Transporte o la Dirección de Industria de su región.

Por otra parte, también puede reclamar si usted es uno de los ciudadanos que reciben continuamente llamadas con propuestas comerciales. Deben ser llamadas realizadas desde números identificables; usted puede manifestar su oposición a recibirlas; y si continúan asediándole, debe denunciarlo ante un organismo de Consumo para que se inicien las acciones legales.