Bruselas, 2 jul (EFE).- La Comisión Europea tiene previsto debatir el próximo martes la prolongación, hasta doce años más, de ciertos subsidios a la industria del carbón con el objetivo de minimizar en las actuales circunstancias de crisis el impacto social del cierre de las minas en las regiones afectadas, entre ellas el noroeste de España.

Según uno de los últimos borradores, elaborado por los servicios del comisario europeo de Competencia, el español Joaquín Almunia, el actual reglamento sobre ayudas estatales a la industria del carbón, que expira el próximo 31 de diciembre, sería sustituido por otro que instauraría un régimen transitorio por el que se autorizaría a los estados a seguir concediendo dos tipos de ayudas al sector de la hulla hasta finales de 2022.

Los dos tipos serían las ayudas al cierre, destinadas a cubrir las pérdidas de las unidades de producción no competitivas cuyo cierre definitivo esté previsto, y las ayudas a la cobertura de cargas excepcionales, que cubrirían costes no relacionados con la producción que surgen en el proceso de cierre de las instalaciones, como los derivados de la supresión de puestos de trabajo.

El documento defiende la prórroga de estas ayudas estatales con el argumento de que su eliminación conduciría al cierre inmediato de las minas, lo que tendría un "significativo impacto" sobre los mercados de trabajo de las regiones afectadas, entre las que cita la cuenca del Ruhr en Alemania, el noroeste de España y el valle de Jiu en Rumanía.

"100.000 puestos de trabajo podrían estar en peligro. El cierre inmediato de las minas que podría derivarse de la súbita retirada de los subsidios saturaría los mercados de trabajo regionales al inundarlos con numerosos trabajadores mineros, que no podrían ser absorbidos lo suficientemente rápido por otras industrias, con el consiguiente riesgo de que se convirtieran en desempleados de larga duración", añade el documento.

Sin embargo, la propuesta también reconoce que la industria del carbón subsidiada no es competitiva y "tiene un impacto marginal en la seguridad energética" de la UE, al proporcionar sólo el 5,1% de la producción eléctrica de los Veintisiete.

Por ese motivo, estipula que las ayudas deberían experimentar una disminución progresiva del 25% cada tres años -en vez de una reducción cada año- hasta 2022.

Fuentes de la CE consultadas por Efe declinaron dar detalles de la propuesta con el argumento de que puede sufrir cambios sustanciales durante la tramitación interna hasta el 6 de julio, dada la división que existe en el seno del Ejecutivo comunitario.

Varios comisarios, como la responsable de Acción por el Clima, la danesa Connie Hedegaard, o el titular de Medio Ambiente, el esloveno Janez Potocnik, son contrarios a una medida que, a su juicio, contradice la ambición europea de promover una economía más verde.

Por su parte, las asociaciones ecologistas recuerdan que la propuesta, de ser aprobada, supondría una violación de lo acordado en el seno del G-20 contra los subsidios a las energías fósiles y de las propias políticas comunitarias de lucha contra el cambio climático.

"Nosotros no apoyamos esta propuesta. Creemos que la ayuda debería ser significativamente reducida", dijo Mark Johnston, representante de la organización ecologista WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza), quien descartó el argumento de la protección del empleo por considerar que sólo será temporal (esos 12 años).

"El carbón es una de las energías más contaminantes. Mantener los subsidios es la señal completamente contraria a la lucha contra el cambio climático. No contribuye a generar una economía limpia a largo plazo", añadió.