
Los números de la operación están totalmente cerrados y lo que queda por definir es cómo se reparte el poder. No importa tanto quién será el nuevo presidente, que no será ejecutivo, como el nombre del nuevo director general, que tendrá en sus manos el poder en la nueva estructura. Cuando restan apenas quince días para que expire el plazo dado por el Banco de España para que las tres entidades presenten el proyecto de fusión definitivo a sus respectivos consejos, Caja Burgos ha roto el consenso que sí parecen haber alcanzado las dos cajas que alimentaron desde el primer momento el proceso de integración. A estas alturas, la caja burgalesa aspira a liderar el proceso -quien consiga la dirección general también ganará la sede del nuevo grupo con toda probabilidad-, algo a lo que Caja Duero y Caja España se oponen frontalmente.
Según fuentes cercanas a las negociaciones, el informe realizado por la consultora KPMG no dice de forma explícita quién debe liderar el proceso, pero de las cifras se desprende que Caja Duero es la entidad mejor posicionada. La excusa de la próxima jubilación del actual director de Caja Duero el año que viene habría alimentado la expectativa de Caja Burgos a optar a un cargo que en principio no está justificado ni por sus activos totales ni por sus depósitos. En ambos apartados es la tercera con diferencia.
Sin embargo, en estos momentos no hay nada decidido. No hay decisión alguna sobre cuál será el nuevo organigrama, ni sobre las sedes ni las subsedes, lo que deberá estar totalmente resuelto a lo largo de la semana que viene. Ni siquiera lo hay aún sobre cuál será el sistema operativo elegido. Aunque el de Caja España parecía haber tomado la delantera, también hay discrepancias entre las entidades. No obstante, desde todas las partes se confía en llegar a un acuerdo "ya" porque el banco de España no va a admitir ninguna demora más en el proceso.
En fuentes de las cajas de ahorros recuerdan que la postura de Caja Burgos se parece mucho a la de Caja Sur. La entidad cordobesa, controlada por la Iglesia y en un delicada situación financiera, había lanzado esta misma semana un órdago a Unicaja amenazando con romper el proceso de fusión en el que también participa Caja Jaén, con el argumento de que quería proteger su cuota de poder en la nueva estructura ante la posibilidad de que hubiera nuevas fusiones. Finalmente, y con la intervención del Banco de España, la entidad dio su brazo a torcer. Una demostración más del extraordinario componente político que tienen las fusiones entre cajas y que -como señalan en fuentes cercanas al sector- se tiene que resolver "con un puñetazo en la mesa" por parte del banco de España.
Las grandes cifras, bendecidas
Sí están 'bendecidas' sin embargo las grandes cifras que arroja el informe de KPMG y las peticiones que las entidades solicitarán al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que se sitúan alrededor de los 700 millones de euros. Una cifra condicionada por la postura de Bruselas, que cifra en el 2% de los activos ponderados por riesgo el límite de las ayudas públicas a una entidad viable pero con necesidades de recapitalización.
Mientras las cajas de Castilla y León ultiman su integración, se están cerrando ya operaciones de fusión que de momento se circunscriben a las automías. Es el caso de Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa por un lado y de Sabadell, Girona, Manlleu y Terrassa por otro. Además se han puesto en marcha fórmulas imaginativas, como el acuerdo entre Caja Navarra y Caja Canarias para crear un holding en el que comparten varias actividades y la política de riesgos.

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