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Bruselas, 6 may (EFE).- La Organización Europea de Operadores de Telecomunicaciones (ETNO) lamentó hoy que la totalidad de la nueva legislación comunitaria de las telecomunicaciones haya sido bloqueada hoy por el Parlamento Europeo (PE), "por un asunto que no cae en el ámbito" de la regulación, el derecho de acceso a internet.
En cambio, ETNO recalcó que "siempre ha insistido" en la necesidad de que los derechos de los ciudadanos estén plenamente protegidos, y subrayó que "no debería emprenderse ninguna acción contra un consumidor sin una orden judicial".
La Eurocámara aprobó hoy en segunda lectura el texto de reforma de la legislación del sector pero también una enmienda no acordada por los eurodiputados y los países, que exige una sentencia de un juez para cortar el acceso a internet a un usuario, lo que ha provocado el bloqueo del conjunto del marco regulador.
El director de ETNO, Michael Bartholomew, indicó en un comunicado que la paralización del proyecto legislativo es "muy lamentable porque añade incertidumbre" a un sector que es "esencial para la recuperación económica", y se enfrenta a inversiones muy arriesgadas para desplegar las redes de nueva generación, que permitirán velocidades de internet muy superiores a las actuales.
Al margen de la aceptación de dicha enmienda, Bartholomew celebró el respaldo de los eurodiputados a todos los demás aspectos incluidos en la posición común alcanzada por el PE y el Consejo (que representa a los países europeos), y pidió a todos que mantengan ese compromiso.
Según ETNO, su "prioridad" es que la nueva regulación les proporcione un marco legal apropiado para llevar a cabo las fuertes inversiones necesarias para desarrollar las nuevas líneas que requiere el internet del futuro.
En ese sentido, agradecieron que el Parlamento incluyese finalmente en el texto legislativo diferentes medidas que incentivan estas inversiones "de riesgo".
No obstante, los operadores señalaron su oposición, en concreto, a la llamada "separación funcional", que prevé que un regulador nacional pueda pedir a un operador dominante que disocie su infraestructura de red de su negocio de servicios para fomentar la competencia, una medida que podría aplicarse únicamente de forma "excepcional".
