Recordar mis datos | ¿Olvidaste tu contraseña?

BOLIVIA-CORRUPCIÓN

Ex presidente de petrolera boliviana acusado de corrupción pide su libertad

Noticias EFE

La Paz, 13 mar (EFE).- El ex presidente de la petrolera estatal boliviana YPFB Santos Ramírez, preso desde hace un mes por el caso de corrupción que afecta a esta empresa, pidió su libertad porque no se ha probado que haya causado daño al Estado, dijo hoy su abogado, Víctor Borda.

Según el defensor, los fiscales que investigan la presunta red de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no han comprobado que hubiera un daño económico al Estado con la suscripción de un contrato con la empresa boliviano-argentina Catler Uniservice, en el que la Fiscalía apreciaba irregularidades de las que supuestamente Ramírez era responsable.

De hecho, este contrato para la construcción de una planta de gas por un valor de unos 67 millones de euros no ha sido anulado por el actual presidente de YPFB, Carlos Villegas, que también es interventor de la compañía en su investigación.

Borda dijo al canal de televisión ATB que el Ministerio Público de oficio debería pedir también la "cesación de la detención preventiva", después del tiempo transcurrido sin que se haya probado qué delito cometió.

El escándalo de corrupción estalló a finales de enero, cuando el empresario boliviano Jorge O'Connor D'Arlach fue asesinado por una banda que le robó 450.000 dólares (unos 349.000 euros) cuando entraba a la casa de unos familiares de Ramírez con esa suma de dinero en efectivo.

Ramírez fue destituido y encarcelado el 12 de febrero, cuando aumentaron las sospechas de que el dinero era para pagar una comisión ilegal por la adjudicación de ese contrato a mediados del año pasado.

Entonces, la Fiscalía afirmó que la empresa Catler Uniservice no estaba preparada para firmar un contrato de esa magnitud y había sido constituida de forma irregular para esa adjudicación.

El abogado Borda dijo que, pese a esas denuncias, ni el Gobierno ni YPFB han mostrado "la mínima intención de rescindir el contrato" por lo cual, a su juicio, no se puede atribuir a Ramírez el delito de haber cometido daños al Estado, ni de firmar contratos lesivos.

"Se ha imputado con simples conjeturas", sostuvo el abogado al señalar que la detención puede ser considerada "política" porque, según dijo, Ramírez tiene enemigos internos y externos.

Catler Uniservice subcontrató a la estadounidense Gulsby y a otra empresa argentina para la construcción de la planta de gas y, según ha verificado el Gobierno boliviano con distintos viajes, esas compañías continúan construyendo la infraestructura.

El Ejecutivo ha señalado que evalúa la situación del contrato que fue firmado entre Ramírez y Catler Uniservice porque una eventual rescisión puede poner en riesgo la construcción de esa planta.

La instalación se construirá en la región de Santa Cruz y debe permitir la extracción de los combustibles líquidos del gas natural exportado a Brasil para su aprovechamiento en Bolivia.

publicidad
publicidad
publicidad