Natalia Kidd

Buenos Aires, 11 mar (EFE).- El conflicto entre el gobierno argentino y los productores agrícolas cumple hoy un año con los impuestos a las exportaciones de granos como eje de la disputa, pero encuentra ahora a las partes en escenarios completamente diferentes en un año electoral y la amenaza de la crisis financiera global.

Seis de cada diez argentinos atribuyen la desaceleración económica del país al conflicto agrario frente a un 25,8 por ciento que achaca los males a la crisis internacional, según un sondeo de la consultora Ibarómetro.

La crisis estalló el 11 de marzo de 2008 cuando el gobierno de Cristina Fernández anunció un nuevo esquema de impuestos a las exportaciones de soja, girasol, trigo y maíz, cultivos de los cuales Argentina es uno de los principales proveedores mundiales.

Por entonces, la crisis alimentaria era un tema predominante en los foros internacionales y los precios de los cereales se disparaban a su récord histórico, alcanzado finalmente en julio.

El polémico esquema tributario suponía fuertes alzas en los impuestos a las exportaciones en base a los precios internacionales con el fin de "redistribuir" la "renta extraordinaria" del campo y garantizar el abastecimiento interno a "precios razonables", adujo Fernández, que por entonces llevaba tres meses de gestión.

Ninguno de esos argumentos fue aceptado por los productores, que desde el inicio del conflicto realizaron seis huelgas comerciales, se fortalecieron como sector otrora dividido y capitalizaron en torno a sus crecientes protestas el tímido descontento de sectores medios de la población desencantados con el gobierno de Fernández.

El pulso entre el gobierno y las patronales rurales tuvo un capítulo central en julio, cuando se rechazó el aumento de impuestos en el Parlamento, en un reñida votación que fue desempatada en favor del campo por el vicepresidente argentino y titular del Senado, Julio Cobos, a quien el oficialismo tildó de "Judas".

Tras la dura derrota política, el gobierno retomó el diálogo con las patronales rurales hace sólo dos semanas, acercamiento empujado por nuevas amenazas de huelga entre los hombres de campo.

El Fisco cobra impuestos a la exportación de trigo (23 por ciento), maíz (20 por ciento), soja (35 por ciento) y girasol (32 por ciento) que las firmas colocadoras, la mayoría multinacionales, descuentan en el precio que pagan a los agricultores.

Las patronales insisten en sus demandas para reducir esos impuestos, pero el gobierno se niega por cuestiones fiscales y remarca que la presión impositiva hubiera sido menor si rigiera el esquema de tributos móviles rechazado por el Parlamento.

La situación actual de los productores rurales es bien diferente a la de hace un año: los precios internacionales de los granos se han derrumbado por la crisis, los costos de producción han aumentado y los márgenes de ganancias son escasos o en algunos casos inexistentes, afirma el campo.

Para colmo, los fértiles suelos argentinos se vieron azotados en los últimos meses por la peor sequía que se recuerda en los últimos cincuenta años.

Sólo por el impacto climático, se calcula que las pérdidas en el sector agropecuario pueden recortar en 1,6 puntos porcentuales la previsión oficial de un crecimiento económico del 4 por ciento en 2009, de acuerdo a un informe de la Sociedad Rural.

Para Confederaciones Rurales, las pérdidas del sector sumarán 43.000 millones de pesos (unos 12.000 millones de dólares), lo que supondría un duro golpe para la economía, que ya acusa los primeros signos de deterioro tras seis años de expansión a tasas cercanas al 9 por ciento anual.

En este contexto, el remanente de la última cosecha de soja -de 4 millones de toneladas, según los productores, y de 9 millones, según el gobierno- retenido en silos y bolsas de acopio supone para el Fisco una demora en la recaudación de millonarios impuestos por exportaciones, lo que en parte presiona al alza el valor del dólar.

El conflicto también desgastó a Fernández, cuya imagen positiva pasó de un 54 por cieno, antes del estallido del conflicto, al actual 29 por ciento, mientras que el descontento creció del 15 al 41 por ciento, según el último sondeo de la consultora Poliarquía.

La caída de popularidad de la mandataria no es un dato menor en un año donde el Parlamento renovará bancas, comicios pautados para octubre y para los que la oposición busca aglutinarse, mientras se muestra cada vez más cercana a los dirigentes agropecuarios.