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Madrid, 12 nov (EFE).- La presentación de nuevos expedientes de regulación de empleo (ERE), sobre todo en empresas de componentes, la tensión acumulada en Nissan y la nueva situación de recorte de producción y costes en General Motors (GM) se han convertido en factores de crispación en la industria automovilística española.
En este contexto, los sindicatos han radicalizado sus mensajes y sus protestas ante el temor de que se esté en un proceso previo de cierre de factorías.
El conflicto de Nissan tuvo hoy un nuevo capítulo de enfrentamientos con más choques entre los trabajadores de la factoría de la Zona Franca de Barcelona, afectada por un expediente de extinción de empleo de 1.680 trabajadores.
De este excedente, casi el 80 por ciento corresponde a operarios de la línea de montaje, mientras que el resto se ubican en otras áreas como recursos humanos, recambios, ingeniería y calidad.
A la difícil situación sociolaboral se ha sumado hoy la decisión de GM de reducir un 20 por ciento la producción en todas sus plantas, incluida la de Figueruelas (Zaragoza), además de una disminución de un 10 por ciento de los gastos estructurales.
Dichos recortes, que implicarían reducciones salariales, empiezan a estudiarse la próxima semana en una reunión en Alemania con los 32 representantes sindicales de las plantas europeas de la multinacional estadounidense.
GM-Europa tiene necesidad inminente de conseguir 595 millones de euros para garantizar la liquidez de la compañía, según datos de los sindicatos.
El ERE de Figueruelas que afectará a 600 trabajadores durante un año cuenta ya con 270 voluntarios, cifra que puede aumentar en las próximas horas.
Las movilizaciones por los ERE en el sector se han ampliado a los trabajadores de la planta de Pirelli en Manresa (Barcelona), mientras que la proveedora Plastal Spain ha presentado un expediente de extinción para despedir este año a 45 trabajadores, aparte de otro de regulación temporal para 231 empleados durante sesenta días en 2009.
Otra empresa suministradora de componentes como SKF, con sede industrial en Tudela (Navarra), acordó con los sindicatos una parada de actividad de nueve días ante la caída de las ventas y la mayoría de empleados de Trety (Maçanet de la Selva) han decidido aceptar una rebaja salarial para evitar una reducción de plantilla.
El empeoramiento de la situación industrial, además del mercado, ha provocado la movilización de los principales responsables políticos del sector y de las comunidades autónomas afectadas, hasta el punto de que el presidente de la Generalitat, José Montilla, anunció hoy que a principios de diciembre viajará a Japón para defender los empleos y la actividad de las plantas de Nissan en Cataluña.
En línea con este propósito de Montilla, la consejera de Trabajo del gobierno catalán, Mar Serna, advirtió de que a la Generalitat "no le temblará la mano a la hora de negar ERE que no estén justificados".
Los grupos nacionalistas ERC y CiU no han ocultado que ejercen presiones para que la Generalitat no apruebe el ERE de Nissan, y el segundo partido ha invitado al Comité de Empresa del fabricante nipón a la sesión de control en el parlamento catalán
Las autoridades aragonesas han pedido hoy a la dirección y los sindicatos de GM que busquen "soluciones imaginativas" para equilibrar la oferta y la demanda en el grupo automovilístico, de forma que la crisis afecte lo menos posible al empleo.
El director general de Industria, Jesús Candil, aseguró que los ERE temporales son "las soluciones apropiadas para encarar la caída brutal de la demanda", si bien se opone a los expedientes de extinción carentes de alternativas industriales.
En unas jornadas sobre el automóvil organizadas por la escuela de negocios IESE, los presidentes de Renault y Ford en España, Juan Antonio Fernández de Sevilla y José Manuel Machado, respectivamente, instaron al Gobierno a actuar y adoptar medidas útiles que permitan salvar el sector de automoción, como en Francia o Alemania.
Los dos directivos coincidieron en sus críticas al Ejecutivo por estar haciendo "poco o nada" para intentar resolver la grave crisis que sufre el sector y que en España se ha traducido en una caída de las ventas del 40 por ciento.
También coincidieron en destacar que a la Administración "le toca actuar", ya que el Plan Vive "no ha funcionado en absoluto" y va a seguir siendo "insuficiente" tras los cambios que se han previsto en el mismo.
