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El Gobierno solo «retocará» la reforma laboral ante su debilidad parlamentaria

Lucía Palacios

Los sindicatos tachan al Gobierno de «reservón» al no lograr su compromiso para revertir los elementos más controvertidos

La aritmética es la aritmética. No engaña. Y el Gobierno es consciente de que con sus 'números' tendrá casi imposible conseguir una de las grandes banderas que ha reivindicado durante sus campañas electorales y en sus años de oposición: derogar la reforma laboral de 2012. Y es que no es lo mismo estar en la oposición que en el Gobierno, donde uno tiene «mayores dosis de pragmatismo». Así lo admitió este miércoles la nueva ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, en rueda de prensa tras haber mantenido una primera reunión con los agentes sociales, en la que también estuvo presente el presidente, Pedro Sánchez. «Sabemos bien el peso parlamentario que tenemos», justificó, casi que a modo de excusa.

Por eso, ante esa debilidad política (solo tienen 84 escaños), el nuevo Gobierno socialista ha decidido aparcar la derogación de la reforma laboral, al menos de momento, y se conformará con hacer «retoques en una serie de temas donde se puede hacer con consenso político y con diálogo social». Porque eso sí parece tenerlo muy claro el nuevo Ejecutivo: no gobernará vía reales decretos y tratarán de sacar medidas pactadas con los partidos y con los agentes sociales.

«La técnica de gobernar con Real Decreto Ley no es buena. Tenemos que cambiar la metodología de trabajo, algo que se impone por aritmética parlamentaria y porque la ciudadanía de a pie así lo pide», explicó Valerio ante la pregunta de los periodistas de si el Gobierno estaría dispuesto a revertir determinados aspectos de la reforma laboral -que tan duramente criticaron en sus tiempos de oposición- si no se alcanzan acuerdos. «Cuando uno tiene que utilizar la técnica del diálogo es muy difícil conseguir el 100% de lo que tiene planteado», reconoció la titular de Trabajo.

Los primeros que constataron -seguro que con cierto alivio- este cambio de actitud del PSOE fueron los representantes de los empresarios. «Los términos en política son unos y en la vida real son otros», contestó escuetamente el presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, a la pregunta de si el Gobierno les había hablado de derogar la reforma laboral.

A ese respecto, la patronal se mostró abierta a modificar esta normativa y Garamendi recordó que en España ha habido 55 reformas laborales y que hay más de 7.000 leyes en esta materia. «Habrá que profundizar qué se cambia. Nosotros siempre estamos a favor de que sea una evolución para irnos adecuando a los tiempos que vengan», precisó el empresario, eso sí, dejando claro que «el planteamiento no es derogar, sino ver cómo podemos mejorar».

Los sindicatos, por su parte, mantienen una postura totalmente opuesta y por eso incluso se atrevieron a calificar de «reservón» el comportamiento que tuvo el Ejecutivo durante las dos horas de reunión a la hora de abordar los cambios del marco laboral de los trabajadores. «El Gobierno no se ha comprometido a decirnos qué pretende hacer con los aspectos fundamentales de la reforma laboral», se lamentó el secretario general de CC OO, Unai Sordo, que abogó por «modificar de forma sustancial la actual reforma laboral para tener un marco más inclusivo y democrático».

Más rotundo se mostró su homólogo de UGT, Pepe Álvarez, que dejó muy claro que para su sindicato es «necesaria» la derogación de las reformas laborales [se refiere tanto a la de 2012 del PP como a la de 2010 de Zapatero], incluso aunque no haya consenso. «No encuentro nada positivo en la reforma de 2010 y de 2012 para los trabajadores de nuestro país», criticó Álvarez. Eso sí, ambos líderes sindicales recalcaron que eso no significa volver a la ley anterior, a la de 2009.

Nuevo Estatuto para 2020

Pese a que por el momento eso no va a ser posible, la ministra de Trabajo sí abogó por «comenzar a trabajar en un nuevo Estatuto de los Trabajadores «adecuado al sigo XXI», pero elaborado «de manera consensuada y no de manera unilateral». «Sería una buena idea, porque lleva mucho tiempo con reformas parciales», precisó.

Pero para este objetivo se emplaza como pronto a partir 2020, cuando confía en lograr una mayoría parlamentaria para poder llevarlo a cabo. Para entonces también se propuso conseguir crear un grupo de trabajo de expertos para trabajar en este nuevo Estatuto que sería -a su juicio- «extraordinario para este país».

Por el momento, la ministra ya puso encima de la mesa diez temas para comenzar a trabajar «inmediatamente», entre los que están algunos de los asuntos más polémicos de la reforma laboral, como devolver la primacía al convenio del sector, recuperar la ultraactividad de los convenios colectivos o modificar la legislación en materia de subcontratas para que no se puedan dar devaluaciones salariales, entre otros.

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