Vocento 15 años 22 de Noviembre, 04:29 am

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Conflicto

Los estibadores acusan a la CNMC de «desestabilizar» el sector

J. A. Bravo

La reciente apertura de sendos expedientes sancionadores a los principales actores de la estiba por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha revuelto todo el sector. En la patronal Anesco, según fuentes cercanas a la organización, no ha sentado bien porque piensan que puede dinamitar los acuerdos que tenían encauzados con los sindicatos, aunque en otros foros como la Plataforma de Inversores en Puertos Españoles (PIPE) le respaldan.

Entre los representantes de los trabajadores, por el contrario, el enfado es mayúsculo. Este jueves celebró su asamblea anual la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), central mayoritaria entre los estibadores, y su coordinador general, Antolín Goya -reelegido para otros cuatro años-, acusó al órgano regulador de «desestabilizar» el sector.

Fue incluso un paso más lejos, al reprocharle que está «coartando derechos básicos» generando de nuevo «una situación de incertidumbre». Explicó que la negociación colectiva sigue abierta, pero «ahora no sabemos si seremos capaces de culminar un acuerdo (en un convenio) para dar estabilidad a los puertos».

Por ello, dijo que estudiarán «todo tipo de acciones» frente a la «injerencia» de Competencia, aunque la vuelta a las movilizaciones -como la huelga- serían solo «nuestra última opción». De hecho, aboga por cerrar las negociaciones con la patronal «en el menor plazo de tiempo», contando con el aval que les dio el Gobierno y el «firme convencimiento de la legalidad de lo ya pactado».

En ese acuerdo de junio, que la CNMC estima podría «restringir la libertad de contratación» de algunos operadores, se fijan las bases de negociación del que será el quinto convenio colectivo del sector, empezando por incluir la «subrogación de los trabajadores» que hasta ahora pertenecen a las sociedades que gestionan el empleo (Sagep). Con ello pasarán a formar parte de las compañías de estiba que queden en los puertos tras la reforma, «en proporción a la proporción accionarial» que cada uno tenía en esas sociedades, a las que estaban obligados a inscribirse.

A ello se unía un período de salidas voluntarias de estibadores -sobre con prejubilaciones, manteniendo el 70% de la retribución y costeadas por el Estado-, una rebaja salarial del 10% para los sueldos medios y altos, así como cambios en los turnos y la forma de distribuir el trabajo para ganar competitividad. Pero para la CNMC algunas de esas «prácticas» constituyen una «restricción de la libertad de contratación de trabajadores» para el manipulado de mercancías en los puertos, además de «limitar la libertad» de las compañías que prestan esos servicios.

Pactos extraoficiales

Los responsables de Competencia ya advirtieron el verano pasado que seguirían de cerca todo este proceso para velar porque se produjeran irregularidades, sobre todo ante presuntos pactos extraoficiales durante la última huelga de estibadores para algunas compañías se vieran libres de sus efectos a cambio de aceptar buena parte de las reivindicaciones de los trabajadores. Lo llamativo es que ha incoado los expedientes sin que haya culminado sus pesquisas, entre otras cosas porque la negociación colectiva sigue abierta y aún no se ha podido verificar cómo le afectará en detalle lo acordado hace cuatro meses por patronal y sindicatos del sector.

De hecho, el órgano que vigila el mercado sigue enviando a las empresas cartas requiriéndoles información, a fin de que «detalle las propuestas» de cada organización «relativas a la subrogación de las empresas estibadoras» que se separen de las referidas Sagep, la transformación de éstas en centros de empleo y los «mecanismos de selección de personal», uno de los aspectos más controvertidos de las negociaciones. La tramitación de los expedientes puede prolongarse ahora 18 meses y terminar en una sanción de hasta el 10% de la facturación de cada actor implicado.

Mientras, patronal y sindicatos del sector prosiguen sus negociaciones a la espera de que el Ministerio de Fomento apruebe el reglamento que desarrolla en el plano normativo su última reforma, a fin de comprobar que incluye los cambios a los que se comprometió con los sindicatos pero que no pudieron ser incluidos en el decreto ley para no chocar con la normativa europea. Gracias a ello, y pese al retraso en la adaptación del marco de la estiba en España, la Comisión Europea solo impuso finalmente al país una multa de tres millones frente a los 24 millones que había acumulado con el paso de las semanas.

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