Los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos firmaron hoy con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) un acuerdo de protección de los trabajadores de empresas beneficiarias del tratado de libre comercio bilateral, en vigor desde mayo pasado.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, fue el anfitrión del acto de presentación de este convenio en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo en Bogotá, al que asistieron también representantes de la OIT y del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

Santos dijo que en el acto se han ratificado leyes y normas, así como acuerdos con la OIT y con Estados Unidos para el Plan de Acción del tratado de libre comercio (TLC).

Este acuerdo establece compromisos en derechos laborales, de defensa del derecho a la asociación y a afiliarse a un sindicato.

La firma de este acuerdo "es una ratificación del compromiso del Gobierno y el compromiso de los colombianos de proteger cada vez más y cada vez con más efectividad los derechos humanos, los derechos de los trabajadores, que son una parte importantísima de nuestra sociedad", según el presidente colombiano.

Precisamente fueron las débiles garantías del Estado colombiano a los trabajadores y sindicalistas los obstáculos que frenaron durante años la negociación del TLC en el Congreso estadounidense.

De hecho, federaciones sindicales de Estados Unidos, como AFL-CIO, miran todavía con recelo el compromiso de Colombia con los derechos laborales y sindicales.

Así lo denunció esa asociación en un informe en Washington el 24 de julio en el que consideraba que el "Plan de Acción Laboral" no ha adoptado "medidas enérgicas contra las cooperativas ilegales y otras formas de subcontratación para que así los trabajadores puedan ser contratados directamente por los empleadores y puedan ejercer la libertad de asociación y negociación colectiva".

Sin embargo, Santos enumeró en su discurso los avances de Colombia en la prevención de abusos por parte de las cooperativas de trabajo asociado, el aumento de las sanciones a empresarios que castigan a los trabajadores asociados y la disminución de asesinatos de líderes sindicales.

"Sabemos que en periodos de nuestra historia, los líderes sindicales fueron identificados como objetivos por organizaciones al margen de la ley, nunca por el Gobierno, pero es el deber del Gobierno protegerlos", reconoció.