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Generalitat paga 165.000 euros a PwC por asesorar y ejecutar ERE en Incasòl

Noticias EFE

Barcelona, 3 jun (EFE).- La Generalitat ha pagado unos 165.000 euros a PricewaterhouseCoopers (PwC), la firma de servicios profesionales más importante del mundo, para asesorar y elaborar el informe que sustenta el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) del Incasòl, y ejecutar los 203 despidos que contempla.

La consultora consiguió en junio de 2011 la adjudicación por 35.700 euros del contrato público de la Generalitat para confeccionar el informe que analiza las causas del ERE y que evalúa las cargas de trabajo en el Incasòl (Institut Català del Sòl).

A esta cantidad hay que sumar los 130.000 euros que la misma empresa ha recibido en concepto de asesoramiento y ejecución del ERE, tras hacerse con el contrato para ello unos meses antes, según han confirmado fuentes de los trabajadores y del Incasòl.

PwC fichó en enero de 2011 como socio responsable del sector público de su área legal y fiscal en Cataluña a Joaquim Triadú, que fue conseller y secretario general de Presidencia de CiU en la última época del gobierno de Jordi Pujol, y que venía de la firma Garrigues .

El Expediente, que se presentó el pasado martes y se ha empezado a negociar con los trabajadores, contempla el despido del 40% de la plantilla de esta empresa pública, la primera de la Generalitat que se somete a una regulación de empleo de estas dimensiones.

Los asesores legales de los trabajadores han asegurado a Efe que el informe sobre las cargas de trabajo, a priori el más importante para justificar el despido colectivo, tiene ocho páginas y la parte de conclusiones ocupa únicamente un folio y medio.

Este informe incluye también entrevistas con los responsables de departamentos del Incasòl y el resultado de la aplicación de un índice propio de PwC, el Global Best Practices.

Los asesores y representantes legales de los trabajadores restan valor a las entrevistas dado que los superiores de estos cargos "son los mismos interesados en despedir", mientras que descalifican el Global Best Practices porque la misma empresa consultora hace meses que ha dejado de utilizarlo.

"Es como si alguien va al médico para pedir la incapacidad y éste apunta en el documento lo que le pasa con el valor sólo de lo que el enfermo dice que le pasa, sin pedir pruebas de que exista una enfermedad", han asegurado estas fuentes para ilustrar el caso.

Los abogados de los trabajadores aseguran que el ERE no se sustenta en datos que demuestren la existencia de las causas económicas, productivas u organizativas que se aducen.

La asamblea de trabajadores del Incasòl dieron el pasado jueves su aval al comité para presentar un conflicto colectivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el ERE y conseguir así su nulidad.

El recurso no paralizará, sin embargo, el ERE, por lo que los despidos se materializarán a principios de julio.

Los asesores legales aseguran además que el recurso podría acabar en el Tribunal Constitucional ya que en él se invoca la eventual inconstitucionalidad del Real Decreto de la reforma laboral.

El ERE del Incasòl afecta a 120 mujeres y a 83 hombres y, según los sindicatos, sólo prevé el despido de cuatro altos directos, lo que supone el 1 % del total de trabajadores que perderán su empleo.

El Incasòl afirmó el pasado viernes, día 25, que planteaba bajar el número de cargos de los 142 actuales a 63, lo que suponía despedir a 79 de ellos (el 55 %), mientras que el resto del personal laboral pasará 354 a 203, los que supone 124 personas (35 %).

El Incasòl ha justificado este recorte de personal por la necesidad de redimensionar la empresa para garantizar su viabilidad y "adaptarse a la nueva realidad del mercado inmobiliario y de la construcción", que ha caído de manera drástica en los últimos años por la crisis.

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