La fórmula que diseña el Ministerio de Empleo no significa que el convenio colectivo decaiga inmediatamente después de que expire su vencimiento, pero sí que sus plazos de vigencia serán acotados más que en la actualidad para forzar un acuerdo entre las partes cuanto antes.

La legislación actual, que está vigente desde junio del año pasado, introduce un plazo de 8 a 14 meses para que las partes lleguen a acuerdo sobre la prórroga del convenio. Y la reforma que está perfilando el Ministerio de Empleo recortaría esos plazos a entre 6 y 9 meses. Lo que deberá dejar bien atado la ministra de Empleo, Fátima Báñez, es qué ocurre una vez transcurrido ese plazo.

La fórmula que parece más viable es que la reforma inste a empresa y trabajadores a incluir en los convenios fórmulas que den salida a estas situaciones, cláusulas de arbitraje de obligado cumplimiento. Ahora, apenas un tercio de los convenios colectivos contempla procedimientos de arbitraje y un 20% de mediación.

Estas puntualizaciones son cruciales, teniendo en cuenta que la reforma de la negociación colectiva que aprobó el Gobierno de Rodríguez Zapatero el verano pasado no acabó con lo que supone un quebradero de cabeza para muchas empresas en España. Acabar con la «ultraactividad» fue una de las líneas rojas que marcó el anterior ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, quien se limitó a fijar en la norma nuevos plazos que no han solucionado ni mucho menos el conflicto que se produce cuando hay un desacuerdo en el seno de una empresa en materia laboral.

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